Uno de los proyectos que Ligia Villao tenía para el 2020 era comprar una furgoneta para realizar transporte escolar. Buscó la opción más económica y dio con un modelo chino que le costaba $ 28.000.

Durante la pandemia, cuando el trámite estaba suspendido, se emitieron 3.000 credenciales, informó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. De esta cifra, 2.281 fueron revisados y están en proceso de anulación porque serían ilegales. Precisó que, solo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) una persona otorgó 497 carnés.

Pero las lágrimas de Ligia no las provoca el hecho de que no hubiera podido comprar el vehículo, sino el doloroso proceso para sacar el carné de discapacidad que otorga el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Su hija nació con parálisis cerebral y tiene epilepsia refractaria. Hasta los 2 años, no se le había ocurrido sacar el carné. Cuando lo hizo, no la motivaron los beneficios económicos, recuerda, sino facilitar los traslados, hacer filas, los trámites y las consultas. Antes de tener una silla de ruedas, tenían que cargar a la menor de edad y era un proceso complicado, sobre todo cuando les tocaba esperar por horas.

El trámite fue un infierno y tardó seis meses. Certificados costosos, menosprecio, madrugar, trasladar a su hija... Solo evocar aquellos días le duele. “Solo me decían que tenía que esperar, para al final decirme que faltaba una documentación. Si usted no reclama, la tienen años sobre años esperando”, cuenta.

María Fernanda Caicedo tardó 11 meses para sacar el carné de su hijo, de 6 años, quien fue diagnosticado a los 3 con Trastorno del Espectro Autista. Pasó lo mismo que Ligia, los trámites eternos que derivaron en una evaluación que le cuesta contar sin llorar.

El día de la revisión y evaluación médica de su hijo, en un hospital público de Quito, fue uno de los más terribles que ha tenido. Asegura que antes de llegar adonde la doctora que es la que aprueba la autorización del carné, ya había recibido maltratos verbales de parte de las trabajadoras sociales y de las psicólogas que hacen el acompañamiento. Pero nada comparado a ese día.

“Mi hijo tuvo una crisis sensorial justo cuando entramos en la consulta y la doctora me decía: ‘Pero no ve cómo está su hijo, para qué quiere sacarle el carné, si su hijo no va a cambiar, va a ser así el resto de su vida’”, detalla.

María Fernanda quería contestarle, reclamarle, pero sabía que esto iba a significar la negación del trámite. Es madre soltera de tres hijos, que no puede trabajar porque el cuidado del niño le consume la mayoría del tiempo y vive de la manutención que recibe y la ayuda del resto de su familia. Decidió rogarle una vez más que le aprobaran.

“Mi hijo estaba llorando, yo tratando de calmarlo y ella hablándome de esa manera cruel y miserable. Después de una hora me dijo: ‘bueno, ya que insiste, le voy a dar la autorización”, añade.

¡Daniel Salcedo despertó para ‘cantar’ todito!

Leer más

Sin embargo, no quedó allí. Como no la llamaban para continuar con la solicitud, puso una queja en el Distrito Zonal 5 de Salud y envió, incluso, un oficio a la exministra de Salud Verónica Espinosa. Su lucha dio resultados meses después. Su pequeño recibió el carné con un 60 % de discapacidad psicosocial grave.

Para María Fernanda ese documento le representa el dolor y la discriminación por lo que pasó y por eso, cuando leyó el tuit que publicó el asambleísta Sebastián Palacios, escribió parte de su historia.

El legislador recurrió a Twitter para recoger datos de personas con discapacidad o que tuvieran parientes que padecieran de alguna dolencia que no hayan podido sacar el carné. En 13 horas, tuvo más de 100 perjudicados.

Esto, luego de que se revelara que algunos asambleístas, políticos u otros funcionarios públicos tuvieron acceso al documento y lo usaran para importar vehículos de lujo. Entre ellos resalta a Daniel Salcedo, quien está siendo investigado por la Fiscalía por peculado en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la venta con sobreprecio de bolsas para embalaje de cadáveres.

Fue aprehendido luego de un accidente que tuvo el 8 de junio pasado, en Tumbes, Perú, cuando salía junto a otras personas ilegalmente del país. Tenía una orden de captura. Tanto Salcedo como su hermano tenían carnés de discapacidad, con el que habrían intentado importar un vehículo de $ 100.000.

Palacios explica que luego de recoger estos datos, los enviará al MSP y al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis) para fiscalizar por qué no dieron paso a estos procesos.

Además, pretende averiguar por qué, por el contrario, se les otorgó credenciales a asambleístas, funcionarios de Gobierno o futbolistas. “Se han aprovechado de tener este carné para importar vehículos sea de mediana o alta gama, eso es indiferente”.

Especifica que pedirán que, de todo el universo de personas que tienen el documento, cuántos son funcionarios públicos y la justificación que tiene cada cual para tener dicho carné. “Con esta información se tomarán las siguientes acciones que puedan corresponder”, precisa.

De acuerdo a lo recabado, considera que estas irregularidades tienen aristas más profundas ligadas a discriminación y coimas para obtener la credencial y que así su portador se beneficie de la misma con recortes arancelarios, reducción tarifaria de servicios, entre otros.

¡Jorgito 'Guayaco', sin carné de discapacidad!

Leer más

“Hemos visto casos que denuncian el haber recibido el pedido de que se entregue una cantidad de dinero por un servicio público que es gratuito. Por eso, la investigación es más profunda”, señala.

Betsabé Pilaloa, presidenta de Asopléjica, considera que el caso de Salcedo ha destapado una ola de corrupción que tiene muchos años, incluso, décadas. “Esto era un secreto a voces, desde hace muchos años se escucha esto de la importación de vehículos, pero ahora son más osados”, lamenta.

Cree que dentro de esta investigación deben tomarse en cuenta a las personas con discapacidad, porque si queda a cargo de las mismas autoridades, podría volverse un círculo vicioso.

EXTRA se contactó con el MSP y el Conadis para preguntar sobre el proceso de fiscalización y los parámetros para otorgar carnés, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

No obstante, a través de sus redes sociales informaron que frente a las irregularidades denunciadas, suspendieron las claves de acceso al sistema en línea, mientras se confirme un acuerdo de confidencialidad para los funcionarios que realicen la calificación.

Presentarán denuncias a la Fiscalía contra los empleados que están involucrados en la emisión fraudulenta de documentos, además de acciones administrativas sancionatorias.

“Necesitamos una ley que no permita la viveza criolla”

El asambleísta Palacios añadió que están solicitando, desde la comisión de Salud, que se reactive el análisis de la reforma a la Ley de Discapacidades.

“A través de esta ley se revisan los porcentajes de discapacidad para acceder a los beneficios tributarios”, comentó.

Además, sugiere que “se obedezca el espíritu de los beneficios tributarios”. Es decir, por ejemplo, que los automotores que se importen sean los adecuados para el uso de las personas de acuerdo a su condición.

“Eso debemos analizar en la Asamblea para que los artículos se ajusten a este espíritu. Necesitamos una ley que realmente ampare a las personas con discapacidad y no permita la viveza criolla”, añade.