Tanto los familiares de los tres jóvenes baleados la mañana del jueves 30 de enero durante un operativo de la Policía y las Fuerzas Armadas, como los de dos personas detenidas, aseguran que se trató de un abuso de poder por parte de los uniformados.

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Durante los allanamientos realizados en el Guasmo Sur de Guayaquil en el operativo denominado Apolo 5, que dejó un total de 16 aprehendidos, falleció Miguel, un menor de edad que recibió tres impactos de proyectiles en el cuerpo.

Una testigo del hecho indicó que los uniformados irrumpieron en sus hogares y actuaron a su antojo. “Dijeron que estaban en estado de excepción y que podían hacer lo que quisieran”.

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expresó que este es otro caso que se suma a la creciente preocupación por los abusos de fuerza en Guayaquil. “No queremos más asesinatos extrajudiciales, no más detenciones forzadas”, exigió.

Ayer por la mañana, los familiares del menor fallecido presentaron la denuncia en la Fiscalía. “Yo estaba en el cuarto con mi hijo cuando comenzaron los disparos. En el transcurso de lo que salía, corrí con el esposo de mi cuñada. Vi que uno de los policías pateó la puerta y nos dijo que entráramos. A él lo sacaron de la casa y lo tiraron al piso, pero los dos jóvenes ya estaban heridos”, indicó una testigo.

Sostuvo que los uniformados comenzaron a registrar todo. “A mi esposo lo tenían tirado en el piso en el parque. Me empujaron y me dijeron que no me acercara. Sacaron a los jóvenes heridos y se llevaron al esposo de mi cuñada y a mi esposo. Están diciendo que tenían armas y droga, pero no es así. No sabemos qué pasó con ellos, solo sabemos que están presos, les hicieron la audiencia y los llevaron a la cárcel”, comentó la esposa y familiar de dos de los detenidos.

Navarrete sostuvo que estos hechos de ejecuciones extrajudiciales son un delito grave debido a su carácter irreversible. Recordó el caso de Carlos Vera, ejecutado el 2 de febrero de 2024, y mencionó que hace un mes el fiscal a cargo del caso señaló que había responsabilidad penal contra uno de los militares involucrados en el operativo.

“El caso de Miguel Ángel, según las circunstancias, parece ser una nueva ejecución extrajudicial, esta vez combinando la acción de la Policía y las Fuerzas Armadas en un operativo que terminó con la muerte del menor. El adolescente y sus familiares acompañaban a su papá en su trabajo agrícola”, concluyó.

Por su parte, la madre de Miguel indicó que, según la trayectoria de los balazos que recibió el menor, los tiros habrían provenido del arma de fuego de los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Los militares estaban al otro lado del estero y fueron ellos quienes dispararon”, dijo la madre del adolescente. (AEB)

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