De la exposición de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en el segundo intento de diálogo entre la dirigencia indígena y el Gobierno, se evidenció que hay más coincidencias que puntos contradictorios. Sin embargo, tras más de dos horas de intervenciones y exposiciones, insistió que mientras los 10 puntos solicitados no se cumplan los indígenas se van a quedar en Quito, añadió.

El auditorio del Colegio Matovelle, cerca de la Basílica del Voto Nacional, recibió a unos 50 representantes del Movimiento Indígena y delegados del Gobierno y otros poderes del Estado, en una mesa técnica que busca llegar a acuerdos.

Por alrededor de media hora Iza expuso cada uno de los puntos que la dirigencia exige sean cumplidos. Habló, por ejemplo de la educación intercultural, elogió que el presupuesto se ha duplicado pero se debe garantizara autonomía financiera, pedagógica y económica y cada pueblo debe tener autonomía para recuperar la identidad y garantizar que cada pueblo pueda pensar un sistema de educación.

Habló de la importancia de la presencia de la Fiscalía en la reunión debido a que está en marcha un 'proceso de criminalización' al aplicar la justicia indígena en las comunidades que han logrado controlar delitos como el abigeato, robo y sicariato pero la Fiscalía estaría impulsando procesos en contra de los dirigentes.

Señaló que en el punto 7 de las demandas del sector indígena, como ciudadanos y aportantes de impuestos, piden que no se privaticen los sectores estratégicos. En este punto Iza reconoció que el presidente dice que no va a privatizar pero pidió que el tema se extienda al banco del Pacífico y que se exteriorice con un decreto o algo que sea un compromiso. "No concesiones ni alianzas con los sectores privados transnacionales, ni el IESS, carreteras y hospitales y todo lo que tenga que ver con ceder soberanía", dijo.

Habló de la especulación de precios de los productos de primera necesidad pidió control de los productos industrializados como aceite, arroz y que gracias a la lucha de los 15 días ya está en el decreto 452. Lo que mencionó que no saben es como la especulación generalizada no se pueda controlar. "Esperamos que el aceite baje del precio", reiteró.

En cuanto al tema de la salud pidió saber si la declaratoria de emergencia esté acompañada de presupuesto porque no hay insumos médicos y cuando reciben atención solo les dan receta para comprar en las farmacias.

De la inseguridad afirmó que depende del cumplimiento de los nueve puntos anteriores y en ese tema no hay respuesta de gobierno porque al momento hay un problema pues hay un reclutamiento de los sectores que ofrecen resolver la vida de los jóvenes. Para él, la delincuencia no se puede resolver poniendo más policías sino generando políticas públicas.

Sobre el tema minero, pidió que honren la palabra y no se permita minería en zonas de recarga hídrica, ni áreas protegidas o territorios de pueblos indígenas. Intervinieron también los presidentes de la Feine y la Fenocín para dejar claro que no habían querido llegar al punto en el que se encuentran las manifestaciones, "pero esta es la única manera de que se nos escuchen", dijo Gari Espinosa de la Fenocín.

En la cita estuvieron presentes Diana Atamaint del Consejo Nacional Electoral (CNE), Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. El funcionario enumeró los puntos concedidos por el Gobierno y las cifras de lo que cada concesión representa. 

Habló de la Secretaría de Pueblos, uno de los puntos mencionados y afirmó que probablemente se pudo haber trabajado en ese tema y admitió que tienen que haber reformas profundas en la forma de elegir autoridades y de funcionar. Jiménez reiteró que el Gobierno está en la obligación de buscar una solución. 

Evidenció que hay el compromiso de continuar con el diálogo pero requirió que pongan fin a las movilizaciones. Añadió que escuchó con paciencia las exposiciones y como "gobierno estamos consientes que hay problemas y causas profundas" que resolver. "Necesitamos paz para los 17 millones de ecuatorianos".

Iza ratificó que si es que desde octubre firmaban los cuatro decretos no hubiesen llegado a las movilizaciones que ya tienen paralizado el país desde hace 15 días. Según el dirigente, no es solo el movimiento indígena el que se ha movilizado. Insistió en que la propuesta es la reducción a 1,50 porque la disminución de 10 centavos es insuficiente. 

Precios de sustentación para que se haga respetar los precios de los productos de los campesinos y el control de precios de especulación. Iza requirió que se amplíe un 10 % en el presupuesto de las universidades para que 4.000 estudiantes más ingresen a centros como la Universidad Central, en donde están alojados.

Denunció que policías y militares infiltran a violentos en las manifestaciones y eso es una lucha desleal. Denunció que en las marchas de los 'quiteños de bien' se emiten frases discriminatorias hacia los grupos indígenas. Se refirió a la importancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, El Arbolito y otros espacios para los indígenas y espera que no se vuelvan a repetir las ocupaciones por parte de las fuerzas del orden. 

El dirigente de la Ecuarunari cuestionó la demora del Gobierno en atender los requerimientos y tenían que esperar la movilización para atender las demandas y que el objetivo de las organizaciones no está en fastidiar al Estado sino que la riqueza sea redistribuida de forma equitativa. Hubo cuestionamientos al desalojo de la Casa de la Cultura y el pedido de que la persecución a los líderes cese.