Elizabeth Otavalo también se unió a los barridos que realizó la policía para encontrar a su hija María Belén Bernal, la tarde de este viernes 16 de septiembre del 2022.

María, de 34 años y abogada de profesión, fue vista por última vez la madrugada del 11 de septiembre, cuando fue a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, a la Escuela Superior de Policía, ubicada en el norte de Quito.

Pero desde esa fecha no se sabe de su paradero. Para encontrarla, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, indicó que se dispuso el incremento de policías para la búsqueda.

Sin embargo, Otavalo dijo a EXTRA que mientras la buscaban por las canteras del Pululahua, a 21 minutos de la escuela de formación, los encargados de la diligencia habían dicho que no tenían los equipos necesarios para descender. Más tarde retomaron las tareas con equipos de socorro de otras entidades, como el Cuerpo de Bomberos.

Ante esto, la madre de Bernal, devastada y cansada, enfatizó que solo desea que “me devuelvan a mi hija”.

Mientras la señora ayudaba a remover ramas secas para encontrar algún rastro en la Escuela de Policía, la Fiscalía realizó un allanamiento para detener a una cadete y saber si ella fue quien escuchó, según las investigaciones, los gritos de auxilio que provenían del dormitorio del oficial.

La pareja

Otavalo recordó a su hija como una mujer entregada a su profesión. Bernal se graduó en la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Se especializó en litigación oral y derecho penal. Actualmente estudiaba un masterado en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Jesús Cedeño, colega y socio de la firma en la que trabajaba Bernal, continúa consternado con el hecho. Y más aún, dice, por la lentitud con la que se realiza la investigación.

El jurista dijo que la especialidad de su compañera era el ámbito penal y administrativo. En este último aspecto se dedicaba a defender a miembros policiales que tenían problemas con la institución. “A ella no le gustaba involucrarse en casos donde hubiese riesgo, como de narcotráfico o sicariato”.

Bernal ha trabajado durante tres años en un bufete de abogados y se casó en 2017 con Cáceres, quien ascendió a subteniente el 2 de marzo del 2015 de la septuagésima sexta promoción de oficiales.

Desde entonces hasta la actualidad se ha desempeñado como jefe del circuito Orellana-Loreto, de la provincia de Orellana; agente preventivo del Distrito Eugenio Espejo, en Quito; y oficial de instrucción en la Escuela de Policía.

Pero toda esta formación podría terminarse tras el anuncio de una posible remoción de Cáceres del servicio activo, por no presentarse tres días a su puesto. Él es el principal sospechoso de la desaparición, por ser la última persona con la que Bernal tuvo contacto y por aparentes contradicciones en sus versiones.

Imagen policial, en picada 

La desaparición no solo ha causado indignación general, sino también un cisma dentro de la Escuela de Policía. Guillermo Lasso, presidente de la República, removió al director de esa entidad y se tenía previsto sancionar a cerca de 100 personas.

Además, el secretario de Seguridad afirmó que la institución policial no ha cometido “ningún acto de omisión”, ni se ha tratado de encubrir al teniente, quien en primera instancia fue detenido.

Jesús Cedeño, colega de Bernal, expuso su malestar frente a estas declaraciones. El abogado refutó este argumento señalando que la Fiscalía retuvo a Cáceres durante las ocho horas que permite la ley. “Para tenerlo más de ese tiempo, el fiscal necesitó indicios de los agentes investigadores, pero nunca los recibió”.

Este ‘tira y jala’ de las instituciones estatales ha provocado malestar en la ciudadanía. Por ejemplo, para la laboratorista Catalina Andrade existe negligencia por parte de la policía en el manejo de la investigación. “Se supone que ellos están a favor del pueblo, pero con esto se ve que estamos abandonados”.

Alberto Montenegro, abogado experto en derechos humanos, contó que este caso evidencia el problema principal que tiene la institución: “una mala formación de los policías”.

Aseguró que la imagen de la entidad queda resquebrajada por defender una idea de ‘espíritu de cuerpo’ mal fundada. Este término hace referencia al sentimiento de honor y orgullo compartido que tienen miembros de una institución, en este caso los policías.

Sin embargo, Montenegro señaló que los uniformados, aparentemente, confunden esta figura con encubrir un hecho. “Existe un poco de recelo y miedo de sus miembros de no denunciar a sus superiores jerárquicos”.

Ante esto, el abogado insistió en que se deben cambiar algunos reglamentos en la formación de los policías. Añadió que Patricio Carrillo, ministro del Interior, quien representa el liderazgo de la institución, “debe alejarse de los temas políticos y preocuparse por sus subalternos”.