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Desarticulan presunta banda dedicada al robo de partes de vehículos, en Quito
La Policía Nacional del Ecuador informó detalles de esta operación que ha dejado varias personas detenidas. Esta es la información
Durante la madrugada del miércoles 5 de febrero de 2025, la Policía Nacional del Ecuador llevó a cabo un operativo en el sector de Rancho Alto – Colinas del Norte, en Quito, logrando desmantelar una organización delictiva dedicada al robo de vehículos, accesorios y autopartes.
Investigación y operativos
Tras tres meses de investigaciones, los agentes lograron identificar los movimientos de la banda y sus puntos de operación. Luego de coordinar acciones con la Fiscalía, se ejecutaron seis allanamientos en inmuebles utilizados para almacenar más de mil autopartes y accesorios robados, según lo informado por la entidad. Entre los objetos incautados se encontraron puertas, capós, faros, computadoras de vehículos, radios y sistemas de aire acondicionado.
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Durante la intervención, se detuvo a varios ciudadanos ecuatorianos, quienes no registraban antecedentes penales. Además, en los inmuebles allanados se encontraron dos armas de fuego, tres motores de vehículos reportados como robados y tres automóviles que fueron retenidos para fines investigativos.
El general Henry Tapia Lafuente, comandante de la Zona 9 – Distrito Metropolitano de Quito, informó que las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en esta red delictiva y esclarecer el destino final de las autopartes sustraídas.
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Penas por robo y receptación en Ecuador
En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece diferentes penas para el delito de robo y receptación. De acuerdo con el artículo 189, el robo con violencia sobre las personas puede ser sancionado con prisión de 5 a 7 años, mientras que si se utilizan armas o se causa lesiones a las víctimas, la pena puede aumentar hasta 10 o 13 años.
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Por su parte, el artículo 202 del COIP sanciona la receptación, es decir, la compra, venta o almacenamiento de objetos robados, con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, dependiendo de la gravedad del caso y del valor de los bienes involucrados.
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