El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta una nueva acusación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presentada el 18 de noviembre de 2024 por la abogada Carolina Moreno. La denuncia lo señala por un presunto uso indebido de recursos públicos para fines electorales, constituyendo una infracción muy grave en el marco de las leyes electorales del Ecuador.

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Antecedentes y nuevas acusaciones

Este caso se suma a una sentencia previa emitida por el TCE en abril de 2024, donde Muñoz fue encontrado responsable de haber inducido a los votantes a elegir a Luisa González como candidata presidencial en las elecciones anticipadas de 2023. La nueva denuncia amplía la investigación a hechos adicionales no sancionados en su momento, que implican el uso inapropiado de bienes públicos fuera de su rol oficial como alcalde de Quito.

Uso de vehículos oficiales para fines electorales

Según la documentación presentada en la denuncia, Muñoz habría utilizado vehículos oficiales de la municipalidad, los cuales son considerados bienes públicos, para actividades no relacionadas con sus funciones como alcalde. Entre los eventos señalados, destacan los días 5 al 7 de julio de 2023 y 15 al 18 de agosto de 2023, cuando utilizó un vehículo institucional marca KIA para desplazarse en el marco de su "Agenda de Autoridad Municipal". Sin embargo, estos traslados no estaban vinculados a actividades oficiales, sino a eventos de carácter político y electoral.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 6 de julio de 2023, cuando Muñoz participó en la "Caminata del Sur", un evento político realizado en el sur de Quito, fuera de sus competencias como alcalde. Según la denuncia, el uso de vehículos oficiales para asistir a este evento demuestra un claro abuso de recursos públicos con fines electorales.

Infracción electoral grave

La abogada Carolina Moreno destacó que este uso indebido de recursos públicos constituye una infracción electoral muy grave según el Artículo 279, numeral 5, del Código de la Democracia. Además, advirtió que la acción contraviene también la Ley Orgánica de Servicio Público, que regula la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos estatales. El uso de bienes públicos con fines personales o electorales atenta contra principios fundamentales de ética y legalidad, erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

La denuncia subraya que tanto el tiempo como los recursos de los servidores públicos deben ser utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones oficiales, y no para intereses personales o políticos. Según Moreno, el uso indebido de bienes públicos y tiempos laborales con fines electorales representa una grave transgresión ética y legal en el servicio público.

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