La defensa del exvicepresidente Jorge Glas ha tildado de "atropello" la vista judicial celebrada la semana pasada y en la que la Justicia decidió revocar el 'habeas corpus' concedido a Glas a mediados de abril y por el que se le permitió salir de prisión. 

En un comunicado, el equipo legal ha señalado que se trata de una violación del "derecho a la defensa" de Glas y ha indicado que el exvicepresidente está "pagando la factura de la presión mediática y política en el marco del 'habeas corpus'". "(Glas) vuelve a la cárcel sin que se examine la realidad del peligro por su vida e integridad", ha alertado.

Así, ha denunciado las "múltiples injerencias de otras funciones del Estado" y ha afirmado que el conocido como 'Caso Sobornos' "se ha repetido en el marco de este procedimiento". "Las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el 'habeas corpus' y la institución del precedente vinculante", recoge el texto.

Los abogados de Glas han reiterado, además, la su "preocupación por el avance del recurso que le fue concedido para proteger su vida e integridad física y psicológica, derechos fundamentales amparados por numerosas normas internacionales" y han pedido "intervenir para exponer la situación de grave riesgo a la que está siendo sometido Glas dentro de un centro penitenciario".

"La negativa a escuchar los argumentos del Derecho Internacional (...) resulta preocupante. Contra esa decisión, desde el equipo internacional de defensa de Jorge Glas introducimos una solicitud de revocatoria, pero la decisión de la Corte de Santa Elena de revocar el 'habeas corpus' intervenía súbitamente antes del fin del corto plazo para introducirla", han asegurado.

Glas fue trasladado el fin de semana a la cárcel 4 de Quito por "razones de seguridad" tras regresar a prisión el viernes. El antiguo 'número dos' del expresidente Rafael Correa fue trasladado desde el centro penitenciario de Cotopaxi tras un altercado entre presos de bandas enfrentadas.

El exvicepresidente, en prisión desde finales de 2017, deberá seguir cumpliendo dos condenas, una de seis años de prisión por asociación ilícita y otra más reciente de ocho años por cohecho.