A solo cuatro días de las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío de una reforma parcial a la Constitución con el objetivo de fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquier persona vinculada al crimen organizado.

La medida, anunciada a través de la red social X (antes Twitter), se enmarca en un contexto de crisis de seguridad y en medio de una intensa campaña electoral en la que Noboa busca consolidar su imagen como el líder que enfrentó a las mafias y declaró el conflicto armado interno contra 22 grupos criminales.

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En su publicación, el mandatario responsabilizó al correísmo por la supuesta debilitación de la prisión preventiva en 2011 mediante una consulta popular que, según él, facilitó el avance del narcotráfico y las mafias en el país. "La línea entre la incompetencia y la complicidad nunca había sido tan fina", expresó.

Este anuncio se da en un momento clave, tras una serie de hechos violentos que marcaron el inicio del estado de excepción y las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno. Durante enero, el país vivió una ola de actos criminales, como secuestros y un grave incremento en muertes violentas (superando las 700 en el primer mes de 2025).

Este envío debe seguir un trámite legal

La reforma constitucional enviada por el Ejecutivo aún deberá seguir el trámite legal correspondiente. Sin embargo, su anuncio a pocos días de la elección ya genera cuestionamientos, a través de redes sociales, sobre si se trata de una medida efectiva o un movimiento estratégico para reforzar su campaña.

¿Qué impacto tendrá esta reforma?

Expertos en derecho constitucional y penal han señalado en entrevistas anteriores que el fortalecimiento de la prisión preventiva podría traer consigo riesgos de vulneración a derechos fundamentales si no se aplican con los debidos procesos judiciales. Organismos internacionales han advertido en el pasado sobre el uso indiscriminado de esta medida, que podría derivar en detenciones arbitrarias.

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Por otro lado, el anuncio ha sido bien recibido por algunos sectores que consideran que los jueces han aplicado criterios laxos al conceder medidas sustitutivas a presuntos delincuentes, lo que ha facilitado fugas y la continuidad de estructuras criminales.

Con el país en vilo ante el desenlace de las elecciones, el debate sobre la prisión preventiva se suma a la lista de temas clave que marcarán el futuro político y de seguridad de Ecuador.

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