La necesidad pesa más que el miedo. A casi dos años del deslave que sepultó barrios enteros y dejó 65 fallecidos en el norte del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, la falta de soluciones ha obligado a algunos damnificados a regresar a sus hogares, pese a que están en zonas de alto riesgo.

De a poco, antiguos residentes han vuelto a las casas que permanecían abandonadas en los barrios cercanos al sitio donde ocurrió el deslizamiento de gran magnitud, la noche del 26 de marzo de 2023.

Al recorrer las calles adyacentes al lugar del desastre, en las construcciones que no resultaron afectadas se escucha música y se ve ropa tendida, señales de que han sido habitadas nuevamente.

“Ya no tengo de dónde más. Son 20 meses pagando arriendo. Todo lo que alguna vez logré ahorrar desapareció, solo me queda mi casa”, dice Pedro José Guerrero, quien decidió regresar a su vivienda junto con su esposa e hijos. “Teniendo lo propio, ya nada... Los vecinos nos regalaron luz y así, poco a poco, más personas están regresando”.

Más allá, otro residente ha reparado las escaleras de acceso a su vivienda, aunque sigue sin electricidad. “La Empresa Eléctrica no quiere reconectarnos. Los cables están en el suelo y dicen que es zona de riesgo. Ya nos acostumbramos a las velas”, expresa resignado Guerrero.

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El miedo quedó atrás para algunos residentes que lo perdieron todo, incluso a sus parientes. Raúl Guiñán recuerda que justo al frente de su casa estaba la de su hermano. Hoy allí solo queda un montículo de tierra reverdecida. “Dos sobrinos se salvaron, pero decidieron irse a buscar un mejor futuro. Dijeron que estaban por Chunchi, pero ahora sé que se fueron a Estados Unidos, como muchos, creyendo que les iría mejor”, lamenta.

Entre quienes han retornado a sus hogares, hay al menos dos adultos mayores que nunca se alejaron por mucho tiempo. Sin embargo, prefieren permanecer encerrados.

Recuerdos de quienes nunca salieron

Al caminar entre montículos de tierra, afloran los recuerdos de las casas que antes llenaban las calles de vida. Ahora, es una zona desolada. Los restos de un antiguo paradero quedaron como testigos mudos de la tragedia.

Entre la maleza que ha cubierto lo que un día fueron hogares, se ven pequeños altares con fotos de quienes vivían allí.

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Son santuarios improvisados, levantados con escombros y adornados con flores secas. En ellos, han colocado fotografías de quienes quedaron atrapados bajo tierra y cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. Las imágenes, protegidas por láminas de zinc, desafían la intemperie. Esas frágiles barreras de metal impiden que la lluvia borre los rostros de las víctimas del aciago deslave.

“Ahí era su casa, vivía toda la familia”, susurra un vecino, señalando un altar donde una vela, casi consumida, intenta seguir encendida. En cada retrato hay una historia detenida en el tiempo, un futuro que nunca llegó, una ausencia que duele y que nadie ha podido reemplazar.

Promesas incumplidas

Según Susana Llamuca, vicepresidenta del barrio La Esperanza, 17 familias han retornado al barrio Nuevo Alausí y siete al barrio Control Norte. Cada una hace lo que puede para recuperar sus viviendas.

“Tantos ofrecimientos y nada. Van a ser dos años y ni las casas prometidas se cumplen. Apenas están comenzando con algunas viviendas que construirá el Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), pero recién siguen aplanando el terreno”, explica con desdén.

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Solo 42 familias calificaron para recibir una vivienda. “El resto no, porque dicen que tienen casa en otra parte. Muchos hicieron sacrificios para salir de la zona rural y dar mejor educación a sus hijos. Y ahora, por tener una pequeña casa en el campo, ya no reciben nada”, lamenta Llamuca.

La dirigente cuestiona el proceso de selección de damnificados y asegura que no se tomaron en cuenta los recibos catastrales como prueba de propiedad. “Mucha gente perdió todo, su casa quedó sepultada, pero no les reconocieron porque no tenían escrituras”, reclama indignada.

Solidaridad que sí construye

En medio de estas calamidades, se están levantando seis viviendas sobre un predio donado, gracias a la solidaridad de instituciones y comunidades migrantes en Estados Unidos y Europa.

“Nuestra familia quiso ayudar y donamos un lote. Hemos recibido donaciones, pero aún faltan las puertas y mejorar el camino de acceso. Esperamos que la solidaridad siga”, comenta Carlos Luna, impulsor del proyecto.

Una de las beneficiarias es Ana María Guamán, madre soltera de cinco hijos. “Gracias a Dios, por lo menos ya vamos a tener un lugar donde estar. Estoy muy agradecida”, dice entre lágrimas. Todos los días trabaja en lo que puede para alimentar a sus hijos. “Limpio casas, lavo ropa, hago construcción, lo que salga”.

Según Luna, las casas fueron asignadas a los casos más vulnerables entre quienes no fueron aceptados en el programa del Miduvi, pero, en la recta final, los fondos escasean.

Lento avance del plan oficial

Diego Villacís, director del Miduvi, asegura que el proyecto avanza, aunque con retrasos debido a factores como el cambio de gobierno y la preparación del terreno.

“Es necesario retirar placas de cemento y construir muros para garantizar la seguridad. Además, algunos lotes adjudicados estaban siendo usados como chancheras, lo que tomó tiempo para que el Municipio revierta esa situación”, detalla.

Villacís sostiene que la adjudicación de viviendas sigue criterios técnicos y sociales. No obstante, reconoce que problemas como la migración y la tenencia irregular de terrenos han complicado el proceso. Hasta ahora, han entregado 41 resoluciones de adjudicación y buscan resolver los problemas de habitabilidad. También se plantea la reubicación de familias en zonas más seguras, como el polígono de Huigra, ante la persistencia de los deslizamientos.

“No tener papeles en regla es un problema. Algunos decían ‘Yo construí mi casa’, pero el terreno era de su cuñada que está en Estados Unidos. Es difícil. La ley no puede saltarse, el beneficiario debe hacer todo el papeleo”, argumenta Villacís.

Mientras tanto, las familias que lo han perdido todo siguen esperando. Algunas, con la esperanza de una vivienda prometida; otras, resignadas a regresar a sus domicilios en riesgo porque, después de todo, ya no tienen “de dónde más”.

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