La condena en primera instancia al cabo de Policía Santiago Olmedo, por extralimitación del uso de la fuerza en acto de servicio, ha motivado pronunciamientos en todo el país, desde el presidente de la República, pasando por juristas, constitucionalistas, periodistas, expertos en Derechos Humanos, hasta el pueblo en general.

El debate se centra en si es justa o no la pena: tres años y cuatro meses. Para la mayoría, es injusta y crea un mal precedente. “Los delincuentes tienen más derechos”, “ellos sí pueden matar y no hay quién nos defienda porque si el policía se defiende, va preso”, son las dos reflexiones que más se repiten; inclusive se llega a tachar de corruptos a los operadores de justicia.

Santiago Olmedo, de 34 años, presta sus servicios en la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión, desde 2014.

Olmedo defiende su actuación porque fue en defensa de un menor y de su propia vida. “Actué como dicta el procedimiento, en todo el momento verbalicé ‘alto, policía’, en la persecución; cuando llegué, me estaban esperando, pudieron huir, pero me amenazaron, estaba en riesgo mi vida”. Es una parte de sus argumentos.

Este hecho, ocurrido el pasado 11 de junio del 2021 en Riobamba, ha trastocado su carrera y a su familia, que lo ha apoyado desde el primer momento; cuando recibió la sentencia fue un golpe duro. “Realmente me siento indignado, no esperaba esta resolución, pero vamos a seguir luchando, agotaremos todas las instancias para ratificar mi inocencia”, aseveró.

Pronunciamiento presidencial

El presidente Guillermo Lasso expuso en un tuit que esperaría el término del proceso para buscar la libertad del policía. Analistas explican que una amnistía presidencial le devolvería su libertad, pero no anularía su condena.

Olmedo está consciente de que la gran mayoría de ecuatorianos lo apoya. “Gracias a mi familia, a toda la ciudadanía, su fe y apoyo me mantienen firme y fuerte en la convicción de servir a la sociedad”, añadió.

Por su lado, la Fiscalía aclaró que no se juzga a personas, sino a los hechos. ¿Pero qué implica el uso progresivo de la fuerza? De acuerdo con varios jurisconsultos, existen principios que se deben respetar y que están reflejados en las leyes, convenios internacionales y códigos policiales.

El Estado tiene el deber de garantizar los derechos a través de políticas, normas, y quienes ejercen estas políticas son los agentes: policía o guardia civil, por ejemplo.

¿Y cómo lo hacen? A través de estándares, los agentes deben valorar cuatro principios en el uso de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

En el caso de Olmedo, hay consenso de que hubo legalidad, pero la duda se basa en la necesidad y la proporcionalidad... La responsabilidad implica que todo uso de la fuerza debe ser investigado.

Patricio Parco, fiscal a cargo, indicó que el caso fue investigado con total imparcialidad y objetividad. “La sentencia la dictan los magistrados con base en hechos y a pruebas que se presentan durante el juicio”, explicó.

Recordó que en un inicio la investigación fue a dos miembros policiales, pero una vez recogidos datos, testimonios, evidencias, pruebas tecnológicas, la Fiscalía se abstuvo de acusar a uno de ellos y solo procedió contra Olmedo por lo contundente de las pruebas.

Pruebas presentadas

Una vez iniciada la investigación, se presentaron en la audiencia y fueron admitidos como pruebas videos del ECU-911, de todo el perímetro de varias cuadras, así como los videos de casas, locales, en todos ellos nunca se pudo encontrar a la tercera persona que mencionó Olmedo, indicó.

Se presentó el informe de autopsia, la reconstrucción en 3D y también las proyecciones balísticas en las que se establecieron trayectorias y distancias de los disparos, fueron doce y por la espalda, detalló el fiscal.

Asimismo, dijo que la única prueba presentada por el acusado fue su testimonio y varias preguntas de su abogado y de ahí se acogió al silencio. “Todas estas consideraciones fueron tomadas por los magistrados para determinar que sí hubo una extralimitación en el uso de la fuerza”, recalcó.

El caso de Olmedo causa preocupación para los entendidos, la reacción del pueblo se debe a un cansancio generalizado por la percepción de inseguridad, dijo José Luis Díaz, abogado de profesión.

A su juicio, el policía está de manos atadas. Por como están las leyes, debe esperar a que le agredan o le disparen para actuar y si lo hace, va preso. “No puede ser que ciudadanos, al ver esto, comiencen a tomar la justicia con sus manos; hay ciudadanos atropellando a los delincuentes para defenderse. ¡A dónde vamos a parar! Es gravísimo”, finalizó.