La Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia histórica al señalar a la empresa Furukawa, de origen japonés, como responsable de la esclavitud moderna en sus plantaciones de abacá, un tipo de servidumbre conocida como servidumbre de la gleba, que afectó a los trabajadores durante más de cinco décadas.

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En su fallo, la corte ordenó el pago de más de 41 millones de dólares como compensación a las víctimas de esta práctica, que causó un grave daño a la dignidad humana de los empleados.

Indemnización millonaria y medidas de reparación para las víctimas

La Corte resolvió que la empresa deberá abonar $120,000 a cada una de las 342 víctimas identificadas en su fallo. Además, aquellos afectados que sean mujeres, menores de edad, mayores de 65 años o que hayan sufrido amputaciones durante la cosecha de abacá recibirán una compensación adicional de $5,000.

Como parte de las medidas de reparación, se ordenó un acto público de disculpas por parte de la empresa y la intervención de la Superintendencia de Compañías, que ha establecido la prohibición de vender bienes inmuebles y acciones de la compañía.

Explotación laboral en las plantaciones de abacá

La Corte Constitucional determinó que, durante más de 50 años, la empresa Furukawa implementó un régimen de servidumbre de la gleba, explotando a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, quienes vivían en campamentos sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias, educación y salud. Esta explotación laboral, que afectó a varias generaciones de trabajadores, se amparaba en contratos de arrendamiento que trataban de darle un marco legal a la servidumbre de la gleba, según lo indicado por el tribunal.

El fallo también señaló la responsabilidad de los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la violación de los derechos humanos en las plantaciones de Furukawa.

La Corte enfatizó que, antes de 2018, las autoridades correspondientes debieron conocer las condiciones en las que trabajaban los empleados y tomar medidas para proteger sus derechos. Sin embargo, las acciones implementadas por los organismos públicos fueron insuficientes, lo que agravó aún más la situación.

Reacción de Furukawa

Por su parte, la empresa Furukawa rechazó las acusaciones y responsabilizó a los arrendadores de las plantaciones por las condiciones de los trabajadores, asegurando que ellos eran los verdaderos culpables. Además, Furukawa criticó el hecho de que los denunciantes recurrieran a la justicia constitucional para tratar lo que, según la empresa, debería ser una cuestión de competencia de los tribunales civiles y laborales.

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