Los 123 trabajadores que demandaron a la empresa abacalera de capital japonés Furukawa, por someterlos a esclavitud de la gleba, recibirán una reparación integral por presuntas violaciones a sus derechos humanos, tanto indemnizaciones, como disculpas públicas, indicaron este lunes sus representantes. 

Esas medidas de reparación fueron dictaminadas el pasado viernes por el juez constitucional de la ciudad de Santo Domingo, Carlos Vera, que aceptó a trámite la demanda de una acción de protección solicitada por los afectados. 

Vera reconoció "la existencia de servidumbre de la gleba", una forma contemporánea de esclavitud, además de la violación de derechos como el de su libertad, a la igualdad y no discriminación, o vivir una vida digna, reza en un comunicado emitido por el colectivo Furukawa Nunca Más. 

Uno de los defensores de la causa, Alejandro Morales, precisó hoy en una rueda de prensa que el juez "declaró la vulneración de los derechos de libertad, prohibición de esclavitud y servidumbre por parte de la empresa Furukawa", como también el derecho a la salud y otros que fueron "alegados por el equipo de defensa".

Como parte de la reparación integral material el letrado indicó que se estipuló una "medida económica a cargo de la empresa Furukawa, que tendrá que pagar cierta suma de dinero", cuyos montos se determinarán en un expediente posterior. 

Tras la aceptación de la acción de protección, el Ministerio de Trabajo esta llamado a vigilar el caso, mientras que el de Salud Pública, "a otorgar atención integral tanto física como psicológica para todos los accionantes". 

De cuerdo con Furukawa Nunca Más, la Cartera de Trabajo reconoció "la existencia de indignas condiciones de vida, de intermediación y precarización laboral y trabajo infantil y señaló haber sancionado a la empresa en el año 2019". 

Según señalan los demandantes, la empresa "se limitó a acusar infundadamente a los trabajadores de ser invasores y determinar que la responsabilidad por su situación, corresponde al Estado". 

Gran parte de los trabajadores vivían desde hacía varias décadas en las haciendas de la empresa en la provincia de Santo Domingo, en paupérrimos barracones, sin las medidas de higiene y salubridad más básicas, mientras ejercían una labor rústica, el procesamiento del tallo del abacá, que a muchos de ellos dejó lesiones de por vida. 

Por su parte, la abogada de los trabajadores y extrabajadores de la empresa abacalera, Alejandra Zambrano, consideró la declaración judicial de vulneración de derechos "esencial".

"Ahora vamos a pasar a una fase de apelación, pero quiero que noten que la sentencia como tal ya es una medida de reparación", precisó. 

Indicó que el número de afectados es mayor y que el propio Estado recopiló información al respecto y contabilizó a 1.241. 

Se trata de la primera ocasión que en Ecuador se dicta una sentencia por esclavitud moderna. Con ella, destaca Furukawa Nunca Más, "el proceso de organización y lucha de las familias que han vivido y trabajado por décadas en las haciendas de la empresa, hoy logra nuevos frutos".

La abogada valoró asimismo como paso "significativo para la población campesina" en lo que supone de reconocimiento a su situación precaria en las distintas plantaciones en Ecuador.