La Fiscalía General del Estado (FGE) ha decidido elevar el caso de la subteniente Aidita Ati a la Fiscalía Provincial de Orellana, tras el dictamen abstentivo emitido por la fiscal de Quito, María Isabel Jiménez, en contra de los seis militares procesados. Esta acción se realiza conforme al artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), permitiendo que el fiscal provincial revise el caso y se pronuncie en un plazo de 30 días.

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Aidita Pamela Ati Gavilánez, de 25 años y subteniente del Ejército, fue hallada sin vida el 29 de junio en su habitación en el Fuerte Militar Napo, con signos de asfixia. Al conocerse la noticia, la Fiscalía activó el protocolo para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres. En respuesta, el Ejército Ecuatoriano detuvo a 18 personas de la institución en la madrugada del 30 de junio para facilitar las investigaciones.

De los detenidos, cuatro fueron procesados como presuntos autores y coautores del delito, en lo que la Fiscalía ha calificado como un femicidio. Sin embargo, a pesar de solicitar prisión preventiva, la jueza dictó medidas alternativas, lo que generó controversia. Eventualmente, los procesados fueron capturados y llevados a prisión, pero también fueron liberados posteriormente.

La autopsia de Aidita reveló lesiones y evidencias de haber sido retenida y abusada, aunque un abogado de los militares argumentó que un informe de exhumación sugiere que su muerte podría haberse debido a intoxicación alcohólica, añadiendo más complejidad al caso. La atención pública y las expectativas sobre la justicia continúan, mientras se espera la decisión del fiscal provincial.

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