“Si no pagas, te roban; y si denuncias, te matan”, dice resignado y con temor Hugo, a quien le han robado cinco veces el motor de su lancha. Por eso, se resignó a pagar una cuota mensual a los extorsionadores para poder trabajar con algo más de tranquilidad, aunque esto ha reducido significativamente sus ganancias por la pesca en Santa Rosa, puerto pesquero del cantón Salinas, provincia de Santa Elena.

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Esa es la realidad silenciosa de este sector en el país, cuyos trabajadores no tienen escapatoria frente al crimen, el cual en el último año ha aumentado al punto de que no solo son acosados por extorsionadores en el mar y en la tierra, sino que entre ellos hay gente infiltrada que los delata.

El reciente intento de robo contra pescadores en Esmeraldas, en el cual un presunto pirata terminó con la mandíbula atravesada por un arpón a manos de un perjudicado, refleja la impotencia y los peligros que conlleva esa actividad.

La inseguridad abunda, pero las acciones preventivas, aunque existen, parecen no ser suficientes para enfrentar la criminalidad.

Los pescadores que valientemente continúan con su oficio intentan como pueden disminuir el peligro. Pero los robos, extorsiones y amenazas para que trasladen droga están al acecho.

En el caso de la provincia Verde, Maura Oviedo, presidenta de la Cámara de Pesquería de Esmeraldas, indica que los asaltos ocurren todos los días, lo que ha provocado que muchos hayan decidido abandonar las faenas.

Aquellos que, pese al riesgo, persisten en seguir laborando salen a pescar en grupos para respaldarse entre sí en caso de ser sorprendidos por delincuentes. Sin embargo, cuando ya están mar adentro, algunos se separan porque requieren atrapar diferentes tipos de peces, quedando más vulnerables a los criminales.

En los puertos pesqueros, la situación no pinta mejor. Con frecuencia llegan sujetos sospechosos, muchas veces en motocicletas, generando pánico en el gremio, ya que temen ser extorsionados y no les queda más que retirarse.

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“Vivimos y trabajamos en zozobra. Nosotros estamos laborando, cuando de repente llegan al puerto motos y carros sospechosos y nos toca cerrar las bodegas, se deja de vender combustible, de cargar hielo y se para el despacho de la pesca porque uno tiene que preservar su vida. Lo mismo ocurre en el mar”, explica Oviedo.

No pueden evadir a la delincuencia

Hugo asegura que muchos de sus colegas en la Península están en la misma situación. “Te persiguen en el mar y en tierra. El hostigamiento es terrible”, relata.

Luis, otro pescador de Santa Rosa, intentó evadir a los criminales trasladándose a Jaramijó, provincia de Manabí, para continuar con su actividad, pero allá también fue atracado. Sin otra opción, regresó a Santa Elena y tuvo que pagar lo que le exigían los criminales.

“Las bandas tienen informantes que están entre nosotros”, denuncia Luis, quien sugiere que agentes encubiertos se infiltren en la actividad pesquera.

En Santa Elena, la inseguridad en el mar comenzó a desbordarse en 2016. El robo de motores fue solo el inicio. Luego, al verse endeudados, muchos pescadores fueron presionados para trasladar droga en sus embarcaciones hacia Centroamérica.

Pescadores recurren a códigos

En la provincia de Manabí, salir a pescar ya no es una rutina, es una misión de alto riesgo. Quienes zarpan a pescar desde San Mateo, parroquia de Manta, también padecen por la criminalidad.

A más de salir en grupos, se comunican en claves, porque la traición puede venir desde adentro. Entre ellos hay infiltrados de las organizaciones delictivas, aseguran algunos bajo reserva. Por eso, han desarrollado códigos secretos en sus radios de comunicación, que les permiten coordinar sus salidas sin delatar su rumbo ni su horario.

Pillos dejan embarcaciones en sitios estratégicos

En las notas de prensa publicadas en la página web de la Armada del Ecuador en 2024 y en lo que va de este año, se evidencian datos de la criminalidad en el mar.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, ocho sujetos en dos lanchas fueron aprehendidos tras una alerta de auxilio de barcos cuyos ocupantes eran asaltados a 15 millas náuticas al sur de la isla Puná.

De acuerdo con la publicación, pertenecían al grupo criminal Los Lobos y extorsionaban con 30 dólares semanales a pescadores industriales y artesanales de Posorja y Playas (Guayas), confirmando los casos de extorsiones.

En Manabí, hasta abril de 2024 se retuvieron 14 embarcaciones vinculadas a la logística de grupos de delincuencia.

Entre las informaciones difundidas sobre los operativos salta una realidad recurrente: hay múltiples retenciones de embarcaciones sin ocupantes, ubicadas estratégicamente en puntos costeros para ser usadas en actividades ilícitas. Varias tienen registros alterados para evadir controles.

En una nota publicada en junio de 2024, se indica que durante los seis primeros meses de ese año, 56 personas fueron detenidas en los espacios acuáticos en posesión de droga, se recuperaron 36 motores fuera de borda, hubo 142 embarcaciones citadas, ocho armas y 198 municiones.

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EXTRA solicitó respuestas a la Armada del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea), respecto a la situación delictiva en altamar y qué acciones se ejecutan ante esta problemática, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Alertas en Acuacultura

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) también reporta afectaciones y números preocupantes. “Las cifras de extorsión en el sector camaronero se mantienen: el 95% de camaroneras vacunadas en El Oro, mientras que en Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, más del 40% son víctimas de los vacunadores”, detalla la institución en su boletín de seguridad de enero de 2025.

Además, la CNA indicó a este Diario que tienen alertas semanales de asaltos y robos a transportes de productos acuícolas, tanto en ejes viales terrestres como en rutas fluviales. Se les ha sustraído producto, motores, embarcaciones y equipos.

El gremio detectó que los delincuentes usan tecnología para interceptar comunicaciones y rastrear embarcaciones y transportes de carga.

En enero, directivos de la CNA se reunieron con la Armada del Ecuador. Durante el encuentro “se acordó fortalecer la cooperación entre el sector privado y la fuerza pública, incluyendo el apoyo logístico para restablecer la capacidad operativa de las embarcaciones destinadas a patrullajes y operativos de seguridad en las rutas fluviales”

¿Qué estrategias aplicar?

Los principales cuestionamientos de los pescadores respecto a la labor de los uniformados son la demora en la atención de emergencias delictivas en altamar, los patrullajes fluviales no tan constantes y la eficacia de las acciones de inteligencia.

Mario Pazmiño, experto en seguridad y coronel en servicio pasivo del Ejército ecuatoriano, señala que, en el caso de los patrullajes, para que sean más eficaces, estos deben ser no solo fluviales, sino también aéreos.

“Esto permitirá resguardar el traslado de embarcaciones a lo largo del litoral ecuatoriano y también garantizar que las actividades de pesca estén protegidas”, afirma.

Reconoce que la vigilancia aérea podría requerir de más personal. Por ello, considera oportuno complementar esa misión con el uso de drones.

Sin embargo, advierte que, si hay falta de recursos, se dificulta ejecutar estas operaciones. Por lo tanto, se deben garantizar asignaciones económicas que faciliten la operatividad.

Las labores de inteligencia también son claves para combatir al crimen organizado, recalca, ya que los grupos delictivos mutan constantemente su forma de actuar.

“Es importante que el subsistema de inteligencia naval tenga la capacidad operativa para realizar la recolección y el cotejamiento de información”, expresa. Eso también permitirá dotar de insumos a las autoridades para judicializar los casos”.

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