Luis Ati cargó al pequeño Byper y lo puso encima del féretro en el que llevaban el cuerpo sin vida de su hija, Aidita Ati, subteniente de las Fuerzas Armadas.

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El canino era su mascota, y los familiares querían que también se despidiera de ella. Los restos de la joven, de 25 años, fueron velados en una casa barrial cerca de donde vivía, en Santo Thomas, sur de Quito. La enterraron en un cementerio de Santa Rosa.

La oficial fue hallada sin vida la mañana del sábado 29 de junio en el dormitorio en el que descansaba, dentro del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana.

La Fiscalía aplicó el protocolo para investigar femicidios y detuvo a 18 militares del mismo batallón, entre los cuales estaban cuatro oficiales, quienes fueron los únicos procesados por el delito.

Sin embargo, ellos quedaron en libertad luego de que la jueza especializada en Violencia Contra la Mujer dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. Los implicados continúan trabajando dentro del cuartel y deberán presentarse dos veces por semana ante las autoridades judiciales.

Luis Ati suplicó a las autoridades que no dejen en la impunidad el crimen de su hija y reclamó la forma en la que, según él, escondieron la información.

El militar retirado indicó que cuando habló con el comandante del cuartel, este le habría llevado a su oficina y le habría dicho que el viernes 28 de junio hubo una fiesta no autorizada y que luego de la misma unos compañeros la llevaron a su dormitorio, “donde había amanecido muerta”.

Según las primeras indagaciones, la oficial supuestamente se había ahogado por el licor. Sin embargo, cuando el padre habló con la médica forense ‘el mundo se le vino encima’.

La doctora le indicó que luego de practicar la autopsia, se determinó que la joven “fue ultrajada, asesinada y presuntamente violada”.

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Para Luis, pretenden esconder la verdadera información. Otro hecho que le pareció raro fue que a la subteniente la encuentran muerta a las 06:40 y a él le avisaron del hecho tres horas después. Además, el progenitor dijo que nunca le llamaron para realizar el levantamiento del cadáver ni tampoco le pidieron autorización para que realizaran la autopsia. “¿Qué esconden? ¿A quién quieren proteger? Acaban de quitarme a la luz de mis ojos”, se lamentó.

Paola Montoya, abogada de la familia, indicó que no se respetaron los protocolos desde que se conoció sobre el hecho violento. Enfatizó que realizarán un pedido para la revisión de medidas alternativas a la prisión preventiva que les dieron a los cuatro oficiales implicados. “Demostraremos que este caso es un femicidio con agravantes”.

La jurista añadió que luego de la autopsia practicada al cuerpo de la joven se constató que ella tenía golpes en el rostro, el labio lo tenía roto, varios hematomas en su cuerpo y en sus partes íntimas había rasguños y se encontraron fluidos cuyo origen todavía no se determina. Estos indicios, según Montoya, confirmarían que se trató de una violación.

La abogada también enfatizó que deben tener cuidado con la conservación de la escena del crimen, porque pudieron alterar algunas cosas que perjudiquen el rumbo de la investigación.

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Añadió que por el tiempo que esperaron desde que ocurrieron los hechos hasta que aprehendieron a los implicados, estos pudieron “acomodar sus versiones de lo que pasó”. Tampoco descartó la idea de que puede haber más cómplices en el caso. “Tienen que caer todos para que se logre justicia”.

Montoya y su equipo de trabajo estarán pendientes también de la investigación administrativa que se realice dentro de las Fuerzas Armadas y estarán atentos para que no se maneje la situación de una forma imparcial ni que sea manipulada.

El crimen de la abogada María Belén Bernal fue otro caso que conmocionó a la sociedad. Ella fue asesinada dentro de la Escuela de Policía, en el norte de la capital, a manos de su esposo, el teniente Germán Cáceres.

Él fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión por el femicidio de la jurista. El crimen de Bernal se asemeja al de Ati por varios aspectos. Primero porque el hecho violento se registró dentro de un cuartel. Segundo por las inconsistencias en el manejo de información.

Los parientes de la subteniente del Ejército esperan que no suceda lo mismo que en el caso de la abogada y que paguen los culpables.

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