El concejal socialcristiano Robert Alvarado llevó a la mesa del Concejo Cantonal de Quevedo un presunto caso de nepotismo, acusando a la vicealcaldesa del cantón, Gabriela Santamaría (RC5), de tener familiares trabajando en la empresa pública municipal de tránsito Quevial.

(Lee además: ¿Quién es alias Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers capturado en Panamá?)

“La Revolución Ciudadana es el partido que administra esta Alcaldía y es responsable de esta ciudad”, manifestó el edil tras discutirse el nombramiento de la vicealcaldesa a otro cargo por parte del alcalde Alexis Matute, durante la sesión del 21 de mayo.

Por esta razón, votó en contra, expresando su preocupación por evitar que “se vuelva a convertir en una sucursal de la familia”.

Según Alvarado, cuatro hermanos de Santamaría son empleados de Quevial, lo que, afirmó, representa un ingreso anual de 95.000 dólares para la familia, incumpliendo la ley.

Refiriéndose al presunto nepotismo, Alvarado mencionó que había solicitado información sobre la presencia de familiares en Quevial desde hace meses, recordando que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) prohíbe el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para la autoridad nominadora, el cuerpo colegiado o el directorio.

Frente a estas acusaciones, Santamaría afirmó que ella no es la encargada de contratar, sino que son el alcalde o el gerente a través de la Dirección de Talento Humano quienes lo hacen.

 “Se está haciendo un espectáculo para el cual no estoy dispuesta a seguir”, declaró Santamaría, instando a Alvarado a recurrir a los órganos competentes como la Contraloría para cualquier denuncia sobre supuestos actos ilegales.

Además, defendió el derecho de sus familiares a trabajar donde lo consideren oportuno, siempre y cuando la ley lo permita, y negó cualquier participación en sus contrataciones, ya que no tiene ninguna función en la gestión de Quevial.

¿Quieres leer sin límites? ¡Suscríbete!