En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Ecuador y la Fiscalía, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, se logró desarticular una red de pornografía infantil que operaba en Esmeraldas y Quito.

Durante la operación, cinco menores de entre 6 y 10 años de edad fueron rescatados y cuatro personas, entre ellas un abuelo y tres madres, fueron aprehendidas.

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En Esmeraldas, los allanamientos se realizaron en la parroquia Timbiré, en el cantón Eloy Alfaro, norte de la provincia, según informó la Policía Nacional.

Las autoridades realizaron cinco allanamientos en los que se detuvo a Nury Alexandra G.S., Kathiusca Maribel, George Miguel G.C. y Rosa Gissela S.O., quienes están acusados de estar involucrados en la producción y comercialización de material de abuso sexual infantil. Las madres de las víctimas vendían imágenes de contenido sexual que incluían desnudos y actos de abuso, con la complicidad del abuelo de una de las menores.

La investigación se inició tras la detención de un ciudadano estadounidense en noviembre de 2024, quien fue encontrado en posesión de material de abuso sexual infantil. Su conexión con Ecuador llevó a las autoridades a abrir un caso en diciembre, lo que permitió identificar a los sospechosos y a dos de las víctimas.

Material pornográfico era vendido a través de mensajes

El operativo, denominado Gran-Fénix 7-Pandora 1, se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) y la Fiscalía General del Estado de Ecuador. La Policía Nacional informó que el material audiovisual era producido por los detenidos y comercializado a ciudadanos estadounidenses a través de videollamadas y plataformas de mensajería instantánea.

Durante los allanamientos, se incautaron 13 teléfonos celulares, 2 comprobantes de pago, 1 tablet, 2 chips y documentos varios que servirán como evidencia en el caso. Los detenidos no registran antecedentes penales y se espera que enfrenten cargos en las próximas horas.

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Los cinco menores rescatados fueron puestos bajo protección especializada para garantizar su seguridad mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en esta red delictiva.

Según el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la comercialización de pornografía infantil conlleva penas de diez a trece años de prisión.

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