La respuesta a la interrogante que abre este editorial es la misma en la mayoría de ciudadanos de a pie: al menos el Estado, NO. Así, en voz alta. ¿Entonces quién? Simple: la delincuencia organizada, que ha hecho de las cárceles del país, en muchos casos, su recinto ‘residencial’ seguro para mantenerse a salvo en una guerra sin cuartel entre bandas.

El reciente asesinato de María Daniela Icaza, de 35 años y directora del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, más conocida como la ‘Peni’, y unas semanas antes de dos jóvenes guías penitenciaras, es una muestra clara de que desde adentro se sigue disponiendo que ‘quien no copia’ no sirve. De poco o nada ha servido la militarización de las cárceles. Y a todo esto, el Gobierno solo calla. ¡Qué desgracia!