Una justicia amarrada a las dudas de la corrupción. Eso es lo que hoy vive el Ecuador y por ello resulta más que inadmisible que esa justicia esté siendo administrada por un organismo seriamente cuestionado por incurrir, por decir lo menos, en graves irregularidades: el Consejo de la Judicatura, un ente en el que uno de sus consejeros está siendo procesado por obstrucción -precisamente- a la justicia, y otro sobre el cual se ciernen sospechas de corrupción, al punto de que su visa norteamericana ha sido cancelada.

Un Consejo de la Judicatura que maneja ciertas cortes en función de intereses de terceros y que incluso ha manipulado la elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, cumpliendo la agenda de movimientos políticos que lo auspiciaron, al punto que uno de los candidatos mejor puntuados fue sancionado por esa misma Corte.

La responsabilidad de librar a Ecuador de este cáncer no es solo de los políticos, que están obligados legalmente a hacerlo, sino de la sociedad civil. ¿Dónde están los colegios de abogados? ¿Dónde las organizaciones no gubernamentales que dicen defender los intereses de los más vulnerables? Presionar a la nueva Asamblea para que enjuicie al Consejo de la Judicatura antes de que sea demasiado tarde es una tarea cívica irrenunciable.