No sorprende que algunas autoridades nacionales y locales guarden silencio frente a las multas cobradas a los conductores por medio de fotorradares defectuosos, porque el silencio cómplice ha sido el comportamiento que prima en el país.

Ni la Agencia Nacional de Tránsito ni la Contraloría General del Estado, ni tampoco la Fiscalía, han salido a pedir cuentas a los responsables de que los conductores hayan sido multados por infracciones que jamás cometieron. No solo que quedan con un historial de infractores de las leyes de tránsito, sino que sus reclamos jamás fueron escuchados.

No basta con que el alcalde de Durán anuncie que las multas serán eliminadas, pues también se debe sancionar a los responsables del daño causado a quienes fueron víctimas de la negligencia con la que se actúa en algunas instituciones públicas, como la Comisión de Tránsito del Ecuador. Lo ocurrido demuestra que los fotorradares, más que prevenir accidentes de tránsito, pueden convertirse en un sistema para cobrar multas y engordar las arcas estatales, en un sistema eficiente solo para sus bolsillos.

Que la Contraloría General del Estado haya hecho exámenes no quiere decir que haya cumplido con su función de evitar la corrupción. No podemos permitir más silencios cómplices.