Si una normativa está escrita, se ríen y dicen que las normas están hechas para violarlas. Si no, peor aún, harán lo que les dé la gana.

Y es que la ética es un valor que debería ser connatural al ser humano, y con mayor énfasis en quienes ejercen el servicio público. Pero como no siempre es así, se creó un Código de Ética de la Administración Pública que fue derogado hace pocos días por decisión del primer mandatario. ¿Los motivos? Se desconocen.

Es lamentable la decisión presidencial, pero es igual y hasta más lamentable que los funcionarios públicos necesiten de una serie de normas escritas en papel para saber cómo comportarse en el ejercicio de sus funciones.

No es necesario que esté escrito en un documento que el funcionario público no puede llevar a sus familiares a trabajar a la institución pública que preside, que no puede gestionar favores que puedan constituirse en tráfico de influencias, que no debe mal utilizar los bienes muebles, inmuebles y recursos públicos.

No debería existir la necesidad de que estas normas estén escritas, porque se presume la honestidad y el sentido común de las personas. Pero en una sociedad como la ecuatoriana que no señala a la corrupción, sino que la normaliza con el silencio y con pequeños actos como sobornar a un vigilante de tránsito, se espera poco.