¡Es un escándalo! Queda más que claro (más aún en un país como el nuestro, donde hasta la luz falla) que un funcionario del gobierno no tiene ni la más mínima autoridad para imponer sanciones a la vicepresidenta. Los que llegan al poder por voto popular, como ella y el presidente, solo pueden ser sancionados por la Asamblea Nacional, pero solo por motivos bien claros y establecidos por la ley.

Y esto no es solo sentido común, también está respaldado por la ley. Según la Ley de Servicio Público, una sanción como la que están tratando de imponer solo puede venir de la persona que nombró al funcionario. Y, seamos claros, el encargado de la Vicepresidencia no es el ministro del Trabajo, ni ningún jefe medio del gobierno. Es el presidente, y punto.

Este atropello es una violación directa a la Constitución. Y lo peor es que el Ejecutivo está invadiendo competencias que solo le corresponden al Legislativo. Es urgente que la Asamblea Nacional se ponga las ‘pilas’ y empiece el proceso legal para que la Corte Constitucional resuelva este problema de poderes. De no hacerlo pronto, se corre el riesgo de que la arbitrariedad se vuelva la norma, y eso sería un golpe muy duro para todos.