En la ‘torta’ de la actual crisis carcelaria también lleva su pedazo de responsabilidad el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. Algunos de estos guías penitenciarios han estado involucrados en actos de corrupción, han sido detenidos por pretender ingresar armas, droga u otros objetos prohibidos a los reclusorios y hasta han llegado en estado etílico a laborar, como sucedió en octubre pasado en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca.

En medio de este enorme problema que ha sido producto de un abandono estatal de años anteriores y que estalló al finalizar el gobierno pasado, no es bueno mirar hacia otro lado y evadir sus obligaciones, como lo hizo la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador (Asoserpen) al denunciar al director encargado del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), Fausto Cobo, por delito de odio, cuando ellos también tambalean.

Si el trabajo de los guías fuese efectivo, las llaves de las puertas de acceso a los pabellones de la Penitenciaria del Litoral, donde han ocurrido las dos últimas masacres, no estarían en manos de bandas criminales.

Parece difícil romper ese nexo creado entre ciertos guías y los más sanguinarios privados de libertad que facilita la constante evasión de controles.

Y con la creación en 2017 del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), que establece grados en el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, muchos llegaron a altos cargos sin la preparación necesaria, mientras otros agentes se quedaron sin capacitación.