Al parecer, el círculo criminal que segó la vida de una bebé, de 7 meses de nacida, se cerró. Ayer, la última persona implicada en este atroz sicariato, ocurrido el 20 de abril pasado en Ibarra, Imbabura, fue detenida.

Se trata de Marisol González, de 32 años, quien se había escondido en una casa de la avenida Las Américas, en el cantón Milagro, en Guayas, desde que supo que estaban detrás de ella. La mujer, conocida con el alias de Majo, fue implicada en el asesinato como la autora intelectual.

Según Christian Cisneros, jefe de la acción operativa del Bloque de Búsqueda, ella habría pagado 3.000 dólares a los asesinos de la menor.

Días antes del hecho, los sujetos viajaron desde Guayas hacia Ibarra para cometer el crimen. Ya en la Ciudad Blanca, ellos se movilizaban en una motocicleta y estaban armados con una pistola que les fue supuestamente entregada por el padre de la niña, un policía llamado Andrés López. Junto al agente, los tipos, identificados como Ufredo Barros y Luis Lemos, llegaron hasta el barrio La Floresta, en el que se encontraba la víctima acompañada de su madre.

La detención

El ataque se produjo en segundos y la bebé murió al instante. La mamá quedó herida y contó a los investigadores que López habría ‘craneado’ todo. Durante las diligencias saltó el nombre de Majo, quien fue incluida en el sistema de los más buscados del país por el delito de asesinato.

Según Cisneros, los parientes de la implicada la ayudaban a ocultarse. “Ella se mantenía escondida en la casa donde fue localizada. Pero también se iba otro domicilio”, indicó.

El inmueble fue identificado a través de labores de inteligencia. Y amparados con una orden, los uniformados ingresaron y Majo fue hallada completamente sola.

“No me lleven así. Tengo derechos. No se preocupen que no me voy a escapar”, exclamaba a los agentes, quienes le permitieron que buscara ropa antes de llevarla presa.

La audiencia

La Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció a través de un comunicado: “la audiencia preparatoria de juicio está prevista para el 14 de junio, en Ibarra. Por este caso se encuentran procesadas tres personas más...”.

Joffre Lara, abogado del uniformado, indicó que continúa levantando información para presentarla en la diligencia. Desmintió que su cliente haya mandado a matar a la bebé por negarse a cancelar una pensión alimenticia, pues ese rubro le era descontado de su rol de pago.

“Estoy adjuntando pruebas que justifican el accionar de mi defendido en el hecho que se está investigando. Solo espero que haya un juicio justo y que, cualquiera que sea la resolución, no sea para complacer la presión mediática que se ha dado en redes sociales y medios de comunicación”, expresó Lara.