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Los agentes resguardaban el ingreso a la entidad ante el asombro de clientes.Patricia Oleas

Chimborazo: ‘Patas arriba’ cinco empresas

En tres ciudades hicieron allanamientos por presunta captación ilegal de dinero

Ciudadanos se agolparon a las afueras de una empresa en Riobamba, provincia de Chimborazo, luego de que la Policía diera a conocer sobre allanamientos simultáneos en tres provincias donde funcionan sus oficinas.

Mientras miraban con preocupación, dos agentes armados de la Policía, resguardaban la puerta de la entidad, y dentro otros embalaban computadoras, carpetas y documentos.

El coronel Eduardo Ricaurte, jefe accidental del Comando de Policía Chimborazo, dijo que la investigación, por captación ilegal de dinero, está a cargo de la Fiscalía y de la Unidad de Delitos contra el Sistema Financiero desde Quito.

Investigadores también intervinieron
en unas instalaciones de una dependencia de las calles Bernardo Valdivieso y Azuay, en Loja.

“A las 00:01 de este 14 de diciembre se realizaron siete allanamientos en diferentes lugares de Riobamba, todos en relación con dos empresas, donde se presume una ilegal captación de dinero. También en Loja y Ambato, pero no tenemos información de esos procedimientos”, indicó.

En el operativo denominado ‘Pirámide’ no hubo detenidos, pero incautaron indicios documentales, 10 CPU, 17 laptops, dispositivos de almacenamiento, teléfonos móviles y 50.000 dólares en efectivo, solo en la capital chimboracense.

Salomé Lliguín, gerente general y socia de las empresas que promueven créditos financieros, recalcó que tienen la documentación en regla.

“Han allanado las empresas que son cinco, mi domicilio y el de mis hermanos; una de las empresas está ya en liquidación, la caja de ahorro que está con permisos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en esa recibimos ahorros y otorgamos préstamos, de esa caja es que se llevan el dinero de los socios, además la Fundación, con la que ayudamos a personas de escasos recursos”, afirmó.

También dijo que están prestos a colaborar para que las autoridades comprueben la legalidad de sus actuaciones.