Cuatro candidatos a cargos de elección popular murieron en las dos últimas campañas electorales de Ecuador. Todos ellos fueron asesinados en 2023: dos competían para alcanzar una alcaldía, otro buscaba una curul en la Asamblea Nacional y el último, la Presidencia de la República en los comicios anticipados.

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En total se reportaron 90 agresiones, entre asesinatos, atentados terroristas, amenazas, secuestros y asaltos, según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, que siguió de cerca las agresiones registradas en torno a los dos últimos procesos democráticos.

Y a menos de tres meses de que empiece oficialmente la campaña electoral, ocurrió un ataque armado durante un intento de robo a Joselito Argüello, aspirante a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), la tarde del sábado 2 de noviembre de 2024 en el sector de San Lorenzo, Salinas, al salir de un conversatorio con ciudadanos en una comuna de la provincia de Santa Elena.

Hace dos semanas, también se informó de un ataque armado a un hijo del candidato presidencial Jimmy Jairala, quien corre en la lid por Centro Democrático. Un día después, el Ministerio del Interior presentó un equipo de protección exclusivo para los binomios presidenciales de los comicios de febrero de 2025.

Guido Núñez, viceministro de Seguridad Pública, expuso que “cada uno de los 16 candidatos dispondrá de una cápsula de seguridad, dependiendo del nivel de riesgo. Esta incluye también la asignación de 64 vehículos” para dichos trabajos de custodia.

Sin embargo, ¿qué pasa con los demás participantes de la contienda electoral, como los postulantes a la Asamblea? Ellos deberán solicitar y alertar por escrito sobre las amenazas que enfrenten, para ser sometidos a una evaluación y, a partir de ahí, recibir su equipo de protección por parte de la Policía Nacional.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, dijo que “lamentablemente, la Policía tiene escasez de personal y el acompañamiento por seguridad lo determina con base en el análisis del perfil de riesgo de cada individuo”.

Por lo tanto, cree que sería posible pensar en un futuro cercano en una reforma electoral que permita al menos tratar de proteger la democracia dentro de sus competencias legales como organizadores de los comicios en Ecuador.

Una variable podría ser que se fijen recursos para la seguridad de los participantes, para evitar más casos de ataques armados o muertes violentas de los participantes. A su criterio, si no se toman medidas, se desencadenará en los ciudadanos el miedo a participar en política.

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“Considero que es una buena iniciativa. Permitiría que el CNE cuente con el presupuesto y pueda coordinar con la Policía y Fuerzas Armadas los temas relacionados. Cabe destacar que cualquier reforma del Código de la Democracia será aplicable para el proceso de 2027”, resaltó.

En 2022 y 2023 no se pudo aplicar una reforma electoral porque el artículo 219 del Código de la Democracia establece que no se pueden realizar cambios dentro del año previo a la celebración de elecciones.

No obstante, Diego Pérez, experto en seguridad pública y defensa del Estado, considera que las garantías de seguridad pueden llegar solo con cambios administrativos.

“Es exagerado, pero no innecesario. Creo que hay varios puntos intermedios que se deben orientar. Un tema es la gran cantidad de candidatos que se presentan, que aún no están contabilizados. ¿Y cómo se podrá priorizar objetivamente para definir a qué candidato se le da protección y a quién no? Y luego de ello, viene el principio de igualdad y democracia. Al ver que se protege a uno, hasta el último de la lista va a querer protección y está en todo su derecho, por la regla de equidad e igualdad de condiciones”.

Para Pérez, debe existir “mucho cuidado” por el tema del financiamiento de esos rubros y la justificación que se deba presentar a la Contraloría General del Estado ecuatoriano.

Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, manifestó que el problema de seguridad de los participantes en los comicios no puede ser tratado de forma puntual, ya que se conecta con otras variables, como la crisis de representación que enfrenta el país.

Expuso que no se puede aplicar el principio de igualdad porque hay organizaciones políticas y candidatos de alquiler. “Con parches no se logrará nada. Se debe pensar en una cirugía mayor, porque si se va a entregar seguridad a quienes surgen de la compraventa de los espacios, ¿no será más importante restaurar la democracia interna de las organizaciones políticas para no tener tantos candidatos?”.

Para eliminar el exceso de movimientos políticos, es necesario realizar cambios en la Constitución, analizó.

Luego de que su candidato a asambleísta por Guayas y su padre fueron víctimas de un ataque armado en Salinas, el aspirante presidencial del PSE, Pedro Granja, se refirió al hecho indicando que es un mensaje para él y su candidatura.

Aunque tras el ataque armado la Policía indicó en X que se habría tratado de un robo, el candidato señaló en una rueda de prensa que no fue así. “No se robaron nada. Ni el arma con permisos que portaba Joselito Argüello”.

Por el contrario, Granja denunció que el ataque armado a Argüello es un “claro y brutal mensaje para mí, para nosotros”, ya que ambos son muy cercanos e incluso socios.

Declaró que “si esto sigue así, tendré que irme del país, a Europa, y regresar horas antes del debate”. Adelantó que por el momento dejará de hacer recorridos y manejará su campaña por redes sociales. Y admitió que aunque tiene una cápsula de seguridad, esta es insuficiente para detener a sus atacantes.

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