Tungurahua ha sido históricamente considerada una provincia tranquila en Ecuador. Su capital, Ambato, y su destino turístico más icónico, Baños de Agua Santa, han gozado de relativa estabilidad, alejados del estigma del crimen organizado que azota a otras zonas del país. Sin embargo, las cifras de muertes violentas reflejan una preocupante realidad: la violencia se ha disparado y las organizaciones criminales han encontrado en esta provincia un nuevo territorio estratégico.

(Te puede interesar: Alarma en 2025: Cada 16 horas, una mujer es víctima de feminicidio en Ecuador)

Entre el 1 y el 27 de enero de 2025, Tungurahua registró un incremento del 450% en muertes violentas en comparación con el mismo período del año anterior (ver infografía). Este alarmante aumento se ubica dentro de un fenómeno nacional, donde provincias como El Oro, Manabí y Sucumbíos también han experimentado crecimientos significativos en homicidios.

Altamar, otra de las jurisdicciones con un preocupante ascenso de asesinatos, evidencia la expansión del narcotráfico en rutas marítimas, mientras que provincias del interior, como Tungurahua, reflejan un proceso de consolidación de estructuras criminales en zonas donde antes no se registraban grandes conflictos.

Baños, punto clave

El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, sostiene que el cantón Baños juega un papel fundamental en la estructura del narcotráfico en Ecuador. Según el oficial retirado, esta localiad es un punto bisagra en la redistribución de droga. Desde allí, los cargamentos provenientes del corredor amazónico se dirigen a Quito, Santo Domingo y otras ciudades antes de ser enviados a los puertos del país. Su ubicación estratégica y la alta afluencia de turistas hacen que esta zona sea ideal para operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

En este contexto, se ha identificado el ingreso de Comandos de la Frontera, una organización criminal de origen colombiano que ha expandido su presencia en Ecuador.

¿Quiénes son los Comandos de Frontera?

Se trata de un grupo armado conformado por disidencias de las FARC y el grupo La Constru, un remanente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su base de operaciones se encuentra en el bajo Putumayo, Colombia, y su actividad principal es el tráfico de drogas. En Ecuador, esta organización ha consolidado su presencia en la provincia de Sucumbíos y ha extendido sus operaciones a otras zonas, como Orellana y ahora, al parecer, a Tungurahua.

Su expansión respondería a la búsqueda de nuevos corredores para el narcotráfico, así como el interés en controlar la minería ilegal. Pero su influencia no se limita a los territorios que dominan. Investigaciones judiciales han revelado que esta agrupación intentó manipular la justicia ecuatoriana para favorecer a sus líderes capturados en el país.

En agosto de 2024, fueron detenidos dos hijos de alias Gerente, cabecilla de los Comandos de la Frontera. En un intento por asegurar su liberación, se registró un presunto caso de tráfico de influencias dentro del sistema judicial ecuatoriano, conocido como caso Fachada. La Fiscalía, tras una serie de allanamientos, desmanteló una red de jueces anticorrupción que habrían intentado modificar la ruta judicial del caso para beneficiar a los narcotraficantes. Esto demostró que la organización no solo busca controlar territorios, sino también infiltrarse en el sistema judicial.

Expansión silenciosa

Para la perfiladora criminal y experta en seguridad Ana Minga, el narcotráfico en Ecuador ha evolucionado hasta convertirse en un holding criminal con una estructura empresarial. Este sistema opera con diferentes niveles de mando y control, donde los grupos locales se disputan los contratos con organizaciones internacionales como el Cartel de Sinaloa o Comando Vermelho.

Minga explica que las muertes violentas están ligadas no solo al narcotráfico, sino a otras actividades del crimen organizado, como la extorsión (vacunas), el sicariato y el lavado de dinero. Uno de los factores que más preocupa es la infiltración del crimen organizado en sectores estratégicos. Minga explica que en ciudades como Cuenca y Loja, la violencia es baja, pero eso no significa que no haya presencia de grupos delictivos. Por el contrario, en estos lugares el crimen ha logrado consolidarse y operar sin generar ruido. Minga enfatiza que “en algunos casos, las bandas criminales controlan la seguridad y evitan conflictos internos para no llamar la atención de las autoridades”.

En este sentido, sostiene, la relativa estabilidad en algunas zonas del país podría no ser más que el reflejo de una paz impuesta por las mafias, donde la seguridad depende de la voluntad de los grupos que controlan el territorio. Pero eso, de un momento a otro, podría cambiar.

¿Qué pasará?

Ana Minga advierte que las muertes violentas aumentarían. La experta en seguridad precisa que el país atraviesa una guerra interna contra el crimen organizado y, como en toda guerra, podría haber más bajas.

El coronel Mario Pazmiño coincide en que la violencia podría no disminuir en el corto plazo, pues de acuerdo con su análisis, la penetración de grupos extranjeros podría cambiar el escenario del crimen, debido a que estos grupos no solo trafican drogas, sino que están expandiéndose hacia otras economías ilícitas, lo que los hace más difíciles de erradicar.

Minga también señala que los operativos policiales temporales no solucionarían el problema. Pone como ejemplo lo ocurrido en Durán (Guayas), donde una fuerte intervención policial logró reducir los crímenes por un tiempo, pero al retirarse las fuerzas del orden, las bandas se reagruparon y retomaron el control. En el caso de Tungurahua, la situación sigue en evolución, pero la tendencia es clara: más crimen organizado, más violencia y más muertes.

Tungurahua: Grupos han migrado en busca de control territorial

El coronel en servicio pasivo y experto en seguridad, Alex Manzano, advierte que el crimen organizado se ha asentado en Tungurahua. Explica que grupos de delincuencia organizada (GDO) han migrado desde la costa en busca de control territorial, pues la ubicación estratégica de la provincia la convierte en un corredor del narcotráfico, con rutas hacia Guayas, Santo Domingo y Pichincha. Además del incremento en la violencia, estos grupos habrían intensificado el reclutamiento de jóvenes y adolescentes, quienes, atraídos por promesas de dinero fácil, terminarían involucrados en actividades delictivas.

Como parte de las estrategias para combatir este mal, el experto sugiere mayor control en las entradas a la provincia, especialmente en sectores estratégicos; refuerzo de patrullajes en zonas de riesgo; coordinación efectiva entre Policía y Fuerzas Armadas; uso de tecnología avanzada en vigilancia, incluyendo más cámaras de seguridad; endurecimiento de penas; y agilización de procesos de denuncia.

(Lee también: Rafael Correa y Leandro Norero: ¿Cuál es el trasfondo de la foto viralizada?)

Héctor Supe, dirigente del barrio Amazonas, sur de Ambato, lamenta que la falta de control en los arrendamientos facilita la presencia de delincuentes. “Alquilan viviendas por cortos períodos para planear sus crímenes y luego desaparecen”, señala.

“La crisis de inseguridad en Tungurahua refleja un problema nacional: crimen organizado, falta de oportunidades laborales y debilidad judicial. Recuperar la seguridad exige una acción conjunta del Estado, la sociedad y el sector privado”, concluye Manzano. (YIE)

Santa Elena: Credenciales ‘criminales’ para ‘camellar’

El incremento de homicidios en Santa Elena reflejaría la falta de acciones efectivas para combatir la delincuencia organizada, la cual ha utilizado el perfil costanero para el envío de droga y otros ilícitos como la venta ilegal de combustible a narcotraficantes, actividad que se realiza en altamar. En estos casos, pescadores de la región se han visto involucrados y muchos terminan pagando con su libertad o, incluso, con sus propias vidas. Además, el aumento de extorsiones ha provocado que bandas criminales asesinen a quienes se niegan a pagar.

“No se observan operativos contundentes; falta acción de la inteligencia policial y militar. Lamentablemente, los delincuentes llevan la delantera (...), lo que explica el aumento de los delitos”, señaló Drino Nieto, activista del colectivo Despierta Santa Elena. Carlos Orbe, coronel retirado de la Policía, experto y residente en Salinas, considera que “aún no contamos con un plan efectivo para frenar la violencia y la criminalidad”, afirmó.

En Santa Elena, el tráfico de drogas y las extorsiones, con secuestros, han aumentado considerablemente en el último lustro. “Tenemos un Estado débil en sus leyes, y las bandas criminales organizadas se han aprovechado de ello. El Consejo de la Judicatura debe ser más implacable”, agregó Orbe.

En el caso de los delitos en el mar, es vox pópuli que extorsionadores someten a la mayoría de pescadores de los diferentes puertos de la Península. En estos lugares, cada artesano debe pagar una cuota mensual para trabajar sin ser atacado. Hasta sucede que los delincuentes entregan credenciales para que los jornaleros puedan operar sin problemas.

Recientemente, pescadores de San Pedro realizaron una manifestación con cierre de vía para denunciar ante las autoridades la situación que enfrentan. “Estamos abandonados (...) Hablan de planes de seguridad en coordinación con la Armada Nacional, pero no los vemos reflejados en la realidad. Hemos decidido que, de ser necesario, enfrentaremos a los delincuentes por nuestra cuenta”, advirtió un dirigente. JL

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!