La Defensoría Pública de Ecuador emitió un comunicado en el que detalla las medidas adoptadas tras detectar irregularidades en el proceso de detención y posterior liberación —a causa de la ausencia de un defensor público— de cinco personas presuntamente implicadas en el robo de un cajero automático en Llano Grande, parroquia Calderón, en el norte de Quito. El hecho se registró la madrugada del 30 de octubre de 2024.

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Según el comunicado, la Defensoría ha decidido remover de su cargo al Coordinador de Flagrancia de la Dirección Provincial de Pichincha, como respuesta inmediata a las inconsistencias encontradas. Además, ha solicitado al Consejo de la Judicatura que inicie una investigación exhaustiva y, de ser necesario, procesos disciplinarios para identificar y sancionar a los responsables de estas irregularidades.

La Defensoría también hizo un llamado a las instituciones involucradas a esclarecer los procedimientos, señalando que existen contradicciones en las acciones realizadas desde el momento de la detención por la Policía Nacional hasta la puesta a disposición judicial de los detenidos. 

El organismo detalló que la coordinación de flagrancia tomó conocimiento de los hechos y registró el caso en horas de la madrugada del 31 de octubre; sin embargo, las inconsistencias en el proceso, como una presunta elaboración o entrega tardía del parte de la Policía Nacional, habrían provocado incertidumbre sobre la correcta ejecución del procedimiento. 

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El comunicado fue firmado por el Defensor Público General del Estado, Dr. Ricardo Morales Vela, quien enfatizó la importancia de la participación ciudadana en el seguimiento de estos casos para asegurar la transparencia y la justicia en el sistema legal ecuatoriano.

En Quito, un grupo de sospechosos fue detenido en un operativo policial el 30 de octubre de 2024. Estas personas fueron señaladas de integrar una banda dedicada al robo de cajeros automáticos en la ciudad. La red criminal supuestamente empleaba herramientas especializadas y explosivos para abrir los dispositivos. 

En el caso particular de su última operación, lograron extraer más de 112 mil dólares de un cajero automático en el sector Llano Grande, al norte de Quito. La explosión utilizada para forzar el cajero también causó daños estructurales en la farmacia donde se encontraba el dispositivo.

La audiencia de flagrancia, que debía formalizar la detención de los sospechosos, no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del defensor público que debía representar a los detenidos. Este contratiempo impidió declarar la legalidad de la detención y la flagrancia del delito. Por ese motivo, la jueza encargada ordenó la liberación de los sospechosos para no vulnerar sus derechos, ya que el proceso debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la detención.

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