El ir y venir de personas evidencia que el sector El Inca, del norte de Quito, es una zona comercial y altamente concurrida. Sin embargo, cuando llega el mediodía el panorama cambia: los transeúntes escasean y los negocios comienzan a cerrar sus puertas, algo que no se ve en otros lugares de la urbe capitalina. Es como si a esa hora la jornada terminara para la mayoría.

Pero se trata solo del inicio de una pausa de tres horas, porque algunos vuelven a abrir sus negocios a las 15:00. ¿Por qué el ‘descanso’ se extiende por tanto tiempo en este sitio? Hay quienes solo se adaptan a este modo de vida y de trabajo sin buscarle explicaciones, como María (omitió su apellido), venezolana que lleva poco más de un mes en la esquina de la calle De las Toronjas y avenida El Inca, a medio kilómetro del centro carcelario donde hubo dos matanzas el año pasado, con un saldo de 15 reos muertos y varios más heridos.

Sonriente, ofrece cigarrillos y otros productos a quienes caminan frente a ella. En el corto tiempo que ha pasado en nuestro país, considera que la zona donde labora es tranquila, porque se siente protegida por los demás comerciantes que están alrededor.

Pero tiene claro que en los momentos en que el sector está desolado se corre el riesgo de ser víctima de algún asalto. Cuenta que no le ha pasado, pero conoce que son situaciones que sí se han presentado.

El día en que el equipo de Diario EXTRA dialogó con ella eran las 11:45 aproximadamente. Faltaba un cuarto de hora para que las tiendas y otros pequeños negocios empiecen a cerrar.

En el portal de una casa, una señora vendía ropa que había colgado en un portón y colocado también sobre una pequeña mesa. Al consultarle su opinión sobre lo que ocurre en el vecindario, cambió su postura. Se puso tensa y luego de unos segundos de silencio se limitó a mencionar que no podía hablar, que no hay cómo hacerlo.

Un hombre que estaba cerca de ella, observaba y asentía con la cabeza. Sus expresiones bastaron para comprender que ciertas personas empiezan a sentir temor y que pese a eso algunos seguirán viviendo en El Inca. Otros, en cambio, han puesto sus casas en venta, como Diario EXTRA ha informado en publicaciones anteriores.

En la parte posterior de la cárcel de El Inca, del lado de la calle Tixán, una joven que atiende un bazar relata que al estar en un área con menos negocios, ha decidido permanecer con su local a puertas cerradas.

Ella tiene lo que se denomina sucursal no bancaria, que permite hacer envíos y retiros de dinero. Ya le ha sucedido que gente extraña llega a merodear en su vereda. Antes de permitir el paso, ella pregunta algunos detalles para saber si realmente se trata de un cliente o de alguien que busca, tal vez, cometer un delito. Hasta ahora, señala, le ha ido bien.

Lo que sí le afecta es cuando se registra alguna alarma en el centro penitenciario, porque justo en la esquina de su negocio empieza el cierre. En esos casos, no se permite el paso ni a los residentes, lo que provoca una acumulación de personas afuera de su local. Por seguridad, suele detener sus actividades.

En la mayoría de talleres se evita hablar de la inseguridad. Los mecánicos consultados (automotrices e industriales) dicen que todo está bien, sobre todo si no hay incidentes en el reclusorio. Y para aprovechar esa calma, dentro de un galpón en la calle De las Hiedras, junto al perímetro este del centro de privación de libertad, han levantado una cancha de vóley en la que solo juegan entre colegas, amigos y clientes, pues evitan el ingreso de desconocidos.

Sus calles

El recorrido de EXTRA coincidió con un operativo policial de control en la avenida de El Inca, a pocos metros de la calle De los Guabos. A cargo había un suboficial, quien dirigía a sus subordinados y además guiaba a quienes en pocos meses se convertirían en sus superiores: unos cadetes de la Escuela Superior de Policía.

Ninguno de los participantes en esa operación ‘de rutina’ tenía autorización oficial para dar declaraciones, pero se conoció que las labores de vigilancia preventiva se han incrementado en el sector, sobre todo porque al acercarse el mediodía hay sujetos que aprovecharían que hay menos gente en la calle para cometer sus delitos sin ser atrapados, principalmente asaltos.

Los vehículos que transitan por la zona también son revisados de manera exhaustiva, porque durante este tipo de registros ya han descubierto actos ilícitos, como el transporte de sustancias estupefacientes o de armas de fuego.

Efectos colaterales

Lady Rojas, psicóloga clínica, analiza la situación de zozobra que sufren algunos residentes de El Inca. Ella explica que “el índice de violencia que cursa nuestro país desarrolla efectos colaterales, sobre todo en la salud mental de la población, sumado a esto el alto nivel de corrupción en entidades encargadas de la seguridad”.

Eso, según la especialista, genera una sensación de abandono, temor y desconfianza, lo que lleva a que algunos opten por el silencio y otros por la migración. Todo esto acompañado de “cuadros de ansiedad y depresión social”.

Deben unirse

Una de las posibles soluciones que sugiere la experta es que se conforme un gremio barrial, para que participen los diferentes actores comunitarios, como residentes, tenderos, empresarios, entre otros, “para desarrollar estrategias de protección barrial”. Rojas enfatiza que esa lucha debe ser colectiva, porque hacerlo de manera individual no llevaría a obtener los resultados esperados.

Con ella coincide el abogado constitucionalista Kléber Riofrío, quien argumenta que “no es lo mismo que reclame una persona a que reclame una asociación de 20 o 40 personas”. Y sostiene que además se debe ir por la vía legal y los residentes deben acudir al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para obtener los requisitos que les permitan formalizar su situación.

“Las asociaciones se crean mediante un acuerdo ministerial. Y al nacer de esta forma, se tiene un apoyo estatal o se puede hacer un reclamo al Estado de una manera más formal. Caso contrario, el Estado no les va a prestar mayor atención”, puntualiza el jurista.

Con base en estas opiniones, la misión de los habitantes de El Inca sería unirse para luchar por su sector.

Se alerta de 1,3 robos por día

De acuerdo con información del ECU-911, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2022 se reportaron 417 robos en total al número de emergencias, en sus diferentes modalidades (a domicilios, a personas, de carros, motos, etc.).

Esa cantidad refleja, durante ese lapso de 318 días, un promedio de 1,3 alertas diarias de este delito. A eso se suman los reportes por 18 tentativas de robo y 33 hurtos.