En cuanto amanece en la calle Túmbez, en el barrio San Diego, centro de Quito, los vecinos se ponen en alerta. Algunas personas se acercan a pedirles dinero o comida de forma agresiva. Los moradores dicen que son quienes salen del albergue San Juan de Dios.

“Han llegado a decirme que me van a pagar con cuchillo”, cuenta Rosa Guaminga, la propietaria de una tienda. Ella tiene un palo con el que se ha defendido y ha evitado que estas personas se lleven su mercadería. “No es justo. Uno también trabaja para su familia. Nos tratan como si tuviéramos obligación de darles comida o dinero”, reclama.

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No es la única. A Mayra Ibarra, quien vive diagonal al albergue, también la han abordado. “Piden de forma agresiva, casi amenazante. Cuando uno le pide al guardia que nos ayude no lo hace”, explica. Otro de los problemas que reportan los habitantes de San Diego es que los beneficiarios del albergue se quedan merodeando por las calles cercanas.

Se acuestan en las veredas, cambian los pañales de los bebés en los portales y dejan la basura, aseguran. “Algunos incluso se sientan a fumar en las gradas de las casas. No son todos, pero podría decir que un cincuenta por ciento”, dice Jorge Vera, presidente del barrio. Un equipo de EXTRA constató que, a las 12:30, quienes ya han almorzado salen del albergue, se quedan conversando a una distancia de 20 metros. Cuando se percatan de nuestra presencia, se retiran.

Los más necesitados

El albergue es una entidad sin fines de lucro que funciona desde 1987, en el que personas en situación de vulnerabilidad han recibido abrigo y comida. Existen horarios específicos de entrada para dormir, para el almuerzo. A las 07:00, quienes calificaron para usar una cama, ya deben salir. A las 12:00 se sirve el almuerzo, para el que se entregan tickets.

“No se permiten personas que hayan consumido drogas o alcohol”, dice Israel Gallego, responsable de comunicación de la entidad. Esto es algo que los moradores entienden, pero piden que haya más controles, pues algunos incluso los han amenazado con armas blancas.

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“Siempre tratamos de implementar nuevas medidas para mantener el orden y la seguridad del sector. Hacemos requisas, pusimos un detector de metales, maleteros”, explica Gallego. También han solicitado resguardo de la policía y de los agentes metropolitanos, aunque cuando EXTRA visitó la zona no estaban.

Gallego agrega que tampoco se puede discriminar a quienes tengan antecedentes penales, que aunque se revisan, no son un determinante para que puedan acceder a sus servicios. “No somos la policía”, dice. Sin embargo, están analizando la posibilidad de ampliar los horarios de entrada para entrar a comer y a dormir, así se evitaría aglomeraciones afuera.

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Cada día se entregan 700 raciones de comida entre desayunos, almuerzos y meriendas. “Estamos para ayudar a quien lo necesite, más allá de si lo merece”, aclara el funcionario. Para los vecinos es un problema, porque algunos replican esa dinámica con los negocios aledaños. “Están acostumbrados a pedir”, finaliza Vega.

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