Junto al convento de San Diego, centro de Quito, en un cuarto de unos seis metros cuadrados, donde entran dos literas, una cama grande y un par de armarios, conviven nueve personas. Padres, hijos y nietas.

Ese ha sido el hogar de Hugo Vega, de 48 años, y su familia desde hace cuatro, cuando la directiva del barrio les prestó el inmueble para que lo cuidarán y se refugiaran.

Sin embargo, la semana pasada recibieron la visita de un funcionario municipal, quien les indicó que tenían hasta el domingo pasado para desalojar la casa, según Hugo.

Las razones: que un puesto de triaje para personas con síntomas de COVID-19 se instaló a unos pocos metros y eso los pondría en riesgo, y que además el inmueble patrimonial estaría a punto de caerse.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) informó a EXTRA que no existe una notificación escrita para el desalojo, por lo que no se lo podría ejecutar. Sin embargo, en el momento de la entrevista, un funcionario municipal que no se identificó, llamó a Hugo para preguntarle si ya ha había conseguido un lugar donde vivir.

Hugo, de quien depende la manutención de todos los demás, entró en desesperación. Él y los demás recogían sus cosas para irse, pero no sabían a dónde, ni cómo.

SIN TRABAJO

La familia se ha encargado de cuidar la cancha de San Diego y una pequeña plazoleta, como parte de un acuerdo verbal. Sin sueldo.

“Le pusimos al señor en esa edificación porque necesitábamos terminar con la invasión de indigentes y borrachines”, dijo Humberto Vargas, uno de los directivos del sector.

Poco después de la llegada de Hugo, el lugar empezó a lucir limpio y sin la presencia de personas sospechosas. Según los moradores, cumplió con su parte del trato.

Para mantener a cinco hijos, esposa y dos nietas, el hombre vendía aguas y golosinas a los visitantes del parque y recorría algunas calles. Con el inicio de la emergencia sanitaria los dólares que juntaba a diario desaparecieron. Una de sus hijas al graduarse buscó trabajo como empleada doméstica. La pandemia llegó y a los cuatro días de labores la despidieron.

“Íbamos a hacer un esfuerzo para comprarnos un terrenito y construir. Tener algo propio”, comentó Hugo.

A la salida del cuarto familiar hay un pequeño pasillo que fue adecuado como una cocina. No hay nevera, pero sí un huerto que ya empieza a dar tomates y papas. “Soy del campo y por eso me gustan estas cosas”, dijo sonriendo.

Antes de tener que pedir “una posadita”, Hugo trabajaba como cadenero en una empresa petrolera en la Amazonía. “Yo iba abriendo camino de los oleoductos con machete”, contó. Ahora intenta sobrevivir con la venta de estantes para zapatos, para que las personas los dejen en la entrada de las casas y prevengan un contagio de COVID-19. Tampoco le ha ido bien. “Con la crisis la gente no compra esas cosas, prefiere comer”, dice.

EL RIESGO

A unos 10 metros del cuarto en el que viven se levantó una carpa militar. Allí se revisará a quienes tengan síntomas de coronavirus. También les asusta la posibilidad de contagiarse, pero están atrapados. No tienen dinero para arrendar un departamento, menos para dar una garantía.

“Si nos sacan de aquí solo nos queda irnos debajo de un puente”, dice. 

Según el IMP, ningún funcionario de esa dependencia, que está a cargo del predio, ha tenido un acercamiento con la familia Vega.