La proliferación de pantallas LED en Guayaquil ha llamado la atención de ciudadanos y expertos, especialmente ante la falta de información sobre su legalidad. Si bien la normativa vigente permite su instalación en pasos a desnivel y propiedades privadas, su reciente publicación a finales de 2024 plantea dudas sobre si se cumplió el debido proceso para su implementación. Empresarios del sector publicitario cuestionan la rapidez con la que se colocaron estas estructuras y la falta de transparencia sobre las empresas responsables.

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Un recorrido realizado por EXTRA evidenció la presencia de múltiples pantallas en puntos estratégicos de la ciudad, como la avenida Plaza Dañín, la Carlos Julio Arosemena y la Francisco de Orellana. Además de exhibir anuncios comerciales, estos dispositivos también muestran mensajes del Municipio, como el recordatorio para pagar el impuesto predial. Sin embargo, no cuentan con identificación visible que permita conocer a los responsables en caso de incidentes.

Impacto en el urbanismo y la seguridad vial

Expertos en arquitectura y urbanismo advierten sobre los efectos de estas pantallas en la imagen urbana y la seguridad. Brick Reyes destaca la necesidad de regulaciones estrictas que definan su ubicación, tamaño, brillo y distancia entre estructuras, para evitar impactos negativos en la estética de la ciudad. Carlos Pazmiño, docente de la Universidad de Guayaquil, señala que una mala planificación puede generar saturación visual y distraer a los conductores, aumentando el riesgo de accidentes.

Conductores como Miguel González y Roberto Rendón expresan opiniones divididas. Mientras algunos consideran que iluminan zonas que carecen de vida, otros critican su intensidad y ubicación, especialmente en puentes y semáforos. La preocupación generalizada radica en la falta de planificación y control, que podría repetir errores del pasado en la gestión de la publicidad exterior en la ciudad.

Falta de respuesta municipal

A pesar de las reiteradas solicitudes de EXTRA, el Municipio de Guayaquil no ha respondido sobre la legalidad de estas estructuras ni sobre las empresas responsables. Tampoco se ha obtenido una aclaración del concejal Terry Álvarez, quien en diciembre de 2024 mencionó la introducción de mejoras técnicas en la ordenanza.

La falta de transparencia y regulación en la instalación de estas pantallas genera incertidumbre entre ciudadanos, urbanistas y empresarios, quienes exigen respuestas claras sobre su impacto en la ciudad y el cumplimiento de la normativa vigente.

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