La seguridad ciudadana en América Latina se ha deteriorado, especialmente en ciudades que tienen puertos y aeropuertos importantes. La razón es la presencia del crimen organizado, en particular las organizaciones ligadas al narcotráfico, que buscaron salidas marítimas y aéreas por varios países de la región para evadir la interdicción aérea en los países productores de cocaína como Colombia y Perú.

Ese es el caso de Ecuador, donde una tercera parte de la droga que produce Colombia comenzó a sacarla por el Puerto de Esmeraldas y, en el caso de la droga que se produce en Perú, por el puerto de Machala, en la Provincia del Oro. Situación que luego se extendió a los puertos de Guayaquil y Manta.

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A Ecuador le sucedió lo mismo que a México y otros países de la región latinoamericana: al ver que los narcotraficantes intentaban sacar drogas por sus fronteras y puertos hacia Estados Unidos y Europa, los gobiernos consideraron que la droga estaba de paso, que no los iba a afectar y que parte de esos recursos podían dinamizar las economías locales.

Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta que este negocio ilícito había llegado para quedarse y para afectar de gravemente la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y hasta la democracia.

Existen seis circunstancias que favorecieron el desplazamiento de la salida de droga por Ecuador:

La primera es la cercanía de los países productores, específicamente Colombia y Perú; la segunda es una economía dolarizada; la tercera, la eliminación del acuerdo que se tenía desde 1999 entre el gobierno de Ecuador y el de Estados Unidos para operar la Base de Manta, desde donde se controlaba el tráfico de drogas por este sector del Pacífico. 

Rafael Correa puso fin a este acuerdo en 2009; la cuarta es la presencia de puertos importantes desde donde se exporta gran variedad de productos a EE. UU. y Europa y donde la droga se puede camuflar sin despertar muchas sospechas; la quinta tiene que ver con la inexperiencia de las autoridades de seguridad y justicia ecuatorianas para enfrentar estructuras criminales organizadas trasnacionales dedicadas al narcotráfico.

Finalmente,  la sexta incluye a las distintas organizaciones criminales locales que hoy prestan servicios de seguridad, transporte y logística a los grandes carteles de la droga trasnacionales, para sacar su producto por los distintos puertos e inclusive aeropuertos.

Este desplazamiento de la salida de drogas de los países productores hacia Ecuador ha causado, en los últimos años, un importante aumento en los índices de violencia y delincuencia

La violencia homicida pasó de una tasa de 5,8 homicidios por 100.000 habitantes en 2018 a 26,4 en 2022 y en 2023 puede estar por encima de 35. Las actividades delincuenciales conexas al narcotráfico, como el microtráfico, la extorsión, el secuestro, el sicariato, la trata de personas, el comercio ilegal de armas, el lavado de activos, entre otras actividades ilegales, aumentaron.

A la vez, el consumo de drogas aumentó en la medida en que parte de la droga que se produce en Colombia y Perú se queda como parte de pago a las organizaciones criminales locales que la comercializa en el país.

La corrupción ha aumentado, especialmente por parte de algunos servidores públicos de los sectores de seguridad y justicia. Además, se han fortalecido e incrementado organizaciones criminales locales como los Choneros, los Lobos, los Tiguerones, los Lagartos, Latin Kings, Chone Killers, entre otros, que tienen vínculos con carteles mexicanos y con grupos de disidencias colombianos.

Todos los delitos han aumentado: el robo a personas creció entre 2021 y 2022 en 23,8%; el robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos en 4,4%; el robo de motos 58,7%; el robo de carros 64,5%; el robo a domicilios en un 2,3%, y el robo a unidades económicas 10,2%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

En el Boletín Semestral de homicidios intencionales en Ecuador, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) con base en las cifras de violencia homicida establece que “Ecuador se constituye como uno de los países más violentos de Latinoamérica y el mundo”.

El país “ha experimentado un aumento del 528.10% en el número de homicidios intencionales en comparación con el primer semestre de 2019. Al final de 2023, el país puede superar las 7.000 muertes violentas, alcanzando una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes mayor a 35”.

Este indicador pone a Ecuador como uno de los tres países más violentos de América Latina, detrás de Venezuela (40,4) y Honduras (35,8) en 2022 (Ver siguiente gráfica).

De acuerdo con estas cifras, “Ecuador pasó de tener un promedio diario de 10,4 homicidios en 2022 a 19,72 en el primer semestre de 2023, cifra que casi duplica el registro diario del año pasado”.

El 88,11% de todos los homicidios intencionales en el país se cometieron con arma de fuego y en particular hay que destacar el asesinato de “jóvenes entre 15 a 19 años que aumentó en un 500% desde 2019 y donde prevalece el homicidio con este tipo de armas en el 94,31%.

Sin duda, el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene grandes retos para enfrentar el problema más importante que tiene ese país: la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado, que están en entredicho por la arremetida violenta de las organizaciones criminales nacionales y trasnacionales presentes y que actúan en su territorio.

Más que un problema del gobierno ecuatoriano, es un problema del Estado y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. La elección del presidente Daniel Noboa plantea una nueva oportunidad para que el Estado en su conjunto, bajo el liderazgo y convocatoria del presidente, se una en torno a posibles salidas a este problema.

Es urgente un pacto nacional donde se expongan de manera clara las responsabilidades y acciones que van a adelantar los distintos poderes del Estado. El Legislativo con la expedición de leyes para enfrentar el crimen organizado, las mafias, el lavado de activos y la aprobación de impuestos que permitan financiar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.

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El poder Judicial con acciones contundentes para reducir la impunidad, especialmente frente al homicidio y el Ejecutivo que debe profesionalizar y reorientar la acción de la Policía y las Fuerzas Militares para enfrentar los retos que supone el accionar violento y delincuencial del crimen organizado y común, y que, además, debe intervenir y lograr el control Estatal de las cárceles que hoy están en manos de los delincuentes.

Además, en este pacto hay que involucrar de manera activa e intencional a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a los sectores productivos, académicos y sociales.

También, se debe avanzar en la consolidación de la cooperación regional con los países vecinos, en especial con Colombia y Perú, así como EE. UU. y países europeos. La cooperación debería enfocarse en los campos de seguridad, inteligencia, investigación criminal, lavado de activos y demás apoyo logístico.

Si no se avanza en estas líneas, los problemas de violencia y delincuencia no van a disminuir, más bien tenderán a incrementarse y más si se tiene en cuenta que en Colombia los cultivos ilícitos aumentaron en un 13%, 230 mil hectáreas, y la producción de clorhidrato de cocaína llegó a 1.738 toneladas métricas en 2022.

La mayoría de estos cultivos y laboratorios de producción de coca se han concentrado en las fronteras, especialmente en el sur de país con Perú y Ecuador.

El trabajo conjunto de seguridad y justicia de Ecuador, Colombia, Perú y otros países de la región latinoamericana es fundamental. Colombia, por ser el mayor productor de clorhidrato de cocaína que sale por la mayoría de los países de la región, debe jugar un papel fundamental sin sectarismos ideológicos y excluyentes.

Sin importar la tendencia política de los distintos gobiernos, se deben buscar soluciones al problema del narcotráfico que está afectando de manera grave la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de los Estados de América Latina.

Ojalá, como lo escribió en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro en el mensaje de felicitación a Daniel Noboa –presidente elegido por el pueblo ecuatoriano–, “trabajemos en detener la violencia que el narcotráfico ha expandido en el Ecuador», narcotráfico colombiano que expandió la violencia hacia Ecuador y otros países de la región.

Esto no será posible si el presidente Gustavo Petro solo se sienta con gobiernos afines ideológicamente, como sucedió en la cumbre sobre drogas en la ciudad de Cali.

 

Ante esta grave situación y con la idea de abordar de manera integral este problema, la mayoría de los gobiernos de la región tienen que sentarse para buscar soluciones, independiente de si son de derecha, de izquierda o de centro. Al final del día, casi todos comparten problemas de violencia y delincuencia causados por el crimen trasnacional que no tiene fronteras ni ideología.

Mientras se sobrepongan los intereses ideológicos a la obligación de los Estados de garantizar la seguridad de los ciudadanos, los únicos que saldrán ganando serán los delincuentes que seguirán ejerciendo violencia y delincuencia sobre los ciudadanos, sin importarles que sus víctimas sean liberales, conservadores, comunistas, socialistas, social cristianos o sin partido.

Por: Hugo Acero / Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis