Sin poder contener las lágrimas, Juleidy Guzmán, de 19 años, sostenía fuertemente entre sus brazos a la única hija que le queda. Su “conchito”, Jhaniel, de 10 meses, murió arrollada por las llantas traseras del bus disco 742 de la Cooperativa de Transportes Occidentales.

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 05:00 de este martes 16 de noviembre, cuando Juleidy y su cuñada, Lalesca Ramos, subieron al micro para trasladarse hasta Huaquillas, en donde recibirían una ayuda económica como todos los meses.

Lamentablemente, al momento en que abordaron la unidad, el conductor Darwin Mora Arteaga habría puesto en marcha el vehículo, por lo que la joven perdió el equilibrio y su bebito cayó en el pavimento.

Juleidy, quien llegó desde Caracas hace dos años para radicarse en Naranjal, corrió en busca de su esposo Anthony Ramos (26) para contarle lo que había pasado con el último de sus dos hijos.

“Cuando regresé ya no estaba mi hijo ni el carro”, contó en la Fiscalía mientras presentaba la denuncia.

Para ese entonces, el cuerpo del bebé había sido llevado por los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador hasta la morgue local. El bus, mientras tanto, trasladado al Centro de Retención Vehicular.

El conductor fue detenido poco tiempo después y, antes del mediodía, fue llevado a la Unidad Judicial Multicompetente para ser procesado por el delito de muerte culposa.

Al cierre de esta edición se confirmó que quedó con prisión preventiva.

El fiscal César Peña, indicó que, según el Código Orgánico Integral Penal, Mora podría pagar una pena privativa de libertad de hasta 5 años y, dependiendo de las circunstancias agravantes que aparezcan en el proceso investigativo, podría subir hasta 7 años.

NECESITAN AYUDA

Pero la muerte del bebé no es el único problema que debe enfrentar esta familia, pues por concepto de autopsia debían pagar 100 dólares y 80 más por el cofre mortuorio. Ellos acudieron al Municipio local para solicitar ayuda.

Carlos Muñoz, vocero del Cabildo, indicó que por medio del Consejo de Protección de Derechos van a asumir los gastos mortuorios, de sepultura y otros que aparezcan en estas circunstancias, pues conocen que los venezolanos están en el país ilegalmente y no cuentan con documentación alguna.

En ese sentido, el fiscal Peña acotó que los derechos de estas personas serán respetados y que no se permitirá ningún tipo de vulneración. (ML)