La fecha llegó. Se cumplieron los 15 meses de condena y este viernes 14 de marzo de 2025, Mayra Salazar recuperaría su libertad. Su salida no es solo el fin de su reclusión, sino el inicio de una nueva incertidumbre: ¿podrá el Estado proteger a la mujer cuyo testimonio derrumbó a jueces, políticos y operadores del crimen organizado?

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Salazar, quien un día formó parte del engranaje corrupto del sistema judicial, terminó convirtiéndose en la testigo clave que la Fiscalía necesitaba para desmantelar una de las tramas más oscuras del país. Su declaración ante la Corte Nacional no solo desencadenó condenas históricas, sino que la podría haber convertido en un objetivo de alto valor.

El testimonio de Mayra Salazar

El 3 de junio de 2024, Mayra Salazar compareció ante la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio anticipado en el caso Metástasis, relacionado con una red dedicada a realizar favores judiciales al narcotraficante Leandro Norero y su círculo cercano. No obstante, este relato no solo sirvió como elemento dentro de esa investigación, sino también para abrir un nuevo caso: Purga.

Desde el inicio de su declaración dejó claro que su intención era exponer la verdad: “Este sistema de justicia ha estado corrupto durante todo este tiempo, en el cual yo viví por dos años y compartí con cada uno de ellos”. Con esta frase, dejó en evidencia cómo el Poder Judicial estaba bajo el control de una estructura criminal que operaba impunemente.

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Uno de los primeros impactos de su testimonio fue su afirmación de que la noche anterior a su declaración, hubo una alerta de bomba en la cárcel donde se encontraba recluida, un intento de intimidación que no logró su objetivo. A lo largo de su declaración, Salazar reveló el nivel de infiltración de la corrupción en el sistema judicial, mencionando nombres y describiendo cómo operaban en favor de grupos de poder y del crimen organizado.

Las revelaciones de Mayra Salazar

Para las investigaciones de lo que luego se convirtió en el caso Purga, Mayra Salazar proporcionó información clave sobre el papel de Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, a quien señaló como el verdadero operador del Poder Judicial en Guayas. Según su testimonio, Muentes controlaba a jueces, fiscales e incluso influenciaba decisiones dentro del Consejo de la Judicatura. También describió supuestas reuniones clandestinas en la casa de Muentes en Isla Mocolí, de Samborondón, donde jueces y funcionarios judiciales presuntamente recibían órdenes y pagos para favorecer ciertos fallos.

Uno de los episodios más impactantes fue la manipulación del sorteo de causas en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Según Salazar, se analizaba la frecuencia de los sorteos para garantizar que los casos cayeran en manos de jueces aliados. Además, confesó que los magistrados que se negaban a seguir las órdenes eran trasladados a otras salas, como forma de castigo.

Otro hecho relevante fue la compra de sentencias. Salazar relató cómo Muentes y sus aliados habrían promovido al juez Reinaldo Cevallos a la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, tras haberle garantizado una sentencia a favor en un juicio contra el Banco del Pacífico. Este acto habría permitido a Muentes obtener ilegalmente una indemnización millonaria.

Crimen organizado y el sistema judicial en Ecuador

Su testimonio también expuso la relación entre el sistema judicial y el crimen organizado. La comunicadora aseguró que la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, tuvo contacto directo con Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros. Dicha relación buscaba influir en un fallo judicial sobre su traslado a otra cárcel. De acuerdo con su declaración, Gallardo habría recibido regalos y dinero del capo criminal a cambio de favores judiciales. 

Además, reveló la existencia de un ‘troll center’ controlado por Muentes, que ella misma gestionaba y que se utilizaba para atacar a opositores en redes sociales y favorecer ciertos intereses políticos.

Posibles consecuencias para Mayra Salazar

Mayra Salazar, al parecer, sabía que su testimonio tendría repercusiones graves, y así ha sido. Desde su declaración, habría recibido varias amenazas de muerte. En las palabras finales de su testimonio anticipado, dejó claro que si algo le sucedía, el responsable sería Pablo Muentes.

Su abogado, Leonardo Toledo, ha confirmado que debido a los riesgos que enfrenta, sería trasladada fuera del país. Incluso manifestó que ya estaba definido el lugar que le daría asilo y que, entre los planes de su clienta, estaban el llevar una vida tranquila y posiblemente vender su historia a una cadena internacional que llevaría a las pantallas su vida.

Presuntos cabecillas en el caso Purga fueron sentenciados

Debido al testimonio de Mayra Salazar, el caso Purga concluyó con la condena de 13 años y 4 meses de prisión para los presuntos cabecillas de esta trama:

• Pablo Muentes.
• Fabiola Gallardo.
• Johan Marfetán (exjuez que habría facilitado fallos irregulares).

Otros magistrados y funcionarios involucrados recibieron penas de 9 años y 4 meses, mientras que los colaboradores eficaces obtuvieron reducciones a 16 meses de prisión aproximadamente.

¿Por qué Mayra Salazar se benefició con una pena reducida?

Mayra Salazar recibió una sentencia reducida debido a que se acogió a un procedimiento abreviado y a una colaboración eficaz con la Fiscalía, lo que le permitió tener una rebaja del 75 % de la pena establecida para el delito de delincuencia organizada. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina que esta infracción penal se sanciona con penas de no menos de siete años de prisión. Sin embargo, el procedimiento abreviado les permite a los procesados que admiten su culpabilidad acceder a una reducción de la condena.

Además, la cooperación eficaz con la justicia puede conllevar una rebaja adicional. En el caso de Salazar, su colaboración fue considerada determinante para desmantelar una estructura de corrupción. Durante el proceso, se presentaron pruebas que evidenciaron la participación de Salazar en la búsqueda de jueces dispuestos a recibir sobornos a cambio de fallos favorables. Estas actividades quedaron registradas en conversaciones y transacciones bancarias, las cuales fueron aceptadas en su totalidad por la acusada durante el juicio.

El riesgo de haber expuesto a una red criminal

La liberación de Mayra Salazar plantea una interrogante: ¿corre peligro tras exponer a figuras políticas, judiciales y mediáticas de alto perfil? Para Kléber Carrión, experto en Seguridad y exoficial de Inteligencia, el riesgo es real: “Claro que su vida podría estar en riesgo por las revelaciones realizadas, pero esto es propio del derecho penal premial. Ella ha sido premiada por la información que proporcionó, pero el costo de esta acción es el peligro que implica. Sin embargo, es el tiempo de libertad que gana”.

En cuanto a las medidas de protección que podrían aplicarse, Carrión señala que la mejor opción es abandonar el país: “El Estado tiene varios frentes para garantizar la seguridad de quienes revelan información clave. En este caso, la Fiscalía debería activar el sistema de protección de testigos. Existen organizaciones internacionales que pueden intervenir en situaciones así. Ya hubo precedentes, como el caso Restrepo, donde un testigo clave recibió protección y se fue al extranjero”.

El hombre mencionado por el exoficial es Hugo España, un exagente del SIC (Servicio de Investigación Criminal). Él reveló que los hermanos Santiago y Andrés Restrepo fueron detenidos ilegalmente, torturados y posteriormente asesinados. En su testimonio detalló cómo los gendarmes involucrados intentaron encubrir el crimen, primero arrojando los cuerpos en una quebrada y luego trasladándolos a la laguna de Yambo para hacerlos desaparecer. Su declaración permitió desmontar la versión oficial de que los jóvenes nunca habían sido detenidos, confirmando que se trató de un crimen de Estado. España terminó bajo resguardo en Londres, capital de Inglaterra, pues en Ecuador su vida corría peligro.

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