No solo cargan con el peso de la condena de sus hijos como suyas. Ahora, a dos madres que viven en Quito, las persigue el temor de ver los nombres de sus vástagos en la lista de víctimas por otra masacre carcelaria.

Están aterradas porque la última matanza en la ‘Peni’, en Guayaquil, del 12 de noviembre, dejó a 62 muertos que no tendrían nada que ver con bandas narcodelictivas como Los Choneros, Los Lobos o Tiguerones. Al menos esa fue la constante, desde febrero hasta septiembre, cuando hubo los otros ataques a reos en las principales cárceles del país.

“Yo lloraba porque veía cómo las madres suplicaban por saber de sus hijos. Decían que los habían quemado”. Así, María, bajita y cabello tinturado, describe su angustia cuando supo de este reciente ataque al mirarlo en televisión y en redes sociales desde su casa, en el sur de la capital.

Han pasado ocho días y los videos de cuerpos calcinados, mutilaciones y de agujeros en las paredes de la Penitenciaría no han salido de su mente. Desde entonces, no ha dormido porque pasa pendiente de su celular. Espera que cuando la llamen, le den buenas noticias sobre Juan y Luis, dos de sus cuatro hijos, quienes están recluidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Latacunga, Cotopaxi, y en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, respectivamente.

El calvario que María vive con ambos empezó antes de que las masacres penitenciarias se hicieran frecuentes.

Juan, el amoroso, el que la cuidaba cuando se enfermaba, el que más se preocupaba por ella, fue culpado de un homicidio en 2016.

Ese año, el procesado fue al centro de la capital a encarar al tipo que le debía plata. Ambos se ‘puñetearon’ y el deudor hirió la pierna de Juan con un desarmador.

Él le arrebató el arma a su rival y se la clavó en el cuello. “Fue en defensa propia”, dice la mujer como si tratara de convencer a los jueces que lo sentenciaron a 10 años por ese crimen.

El otro golpe

Acomodada en un sillón de su casa, María se aferra a las fotos que los muestra vestidos con birrete y toga. Estaban en el jardín. Pequeñitos. Rechonchos. Inocentes.

La mujer se detiene un momento. Toma aire y cuenta la historia de su otro suplicio: Juan cumplía cuatro años de sentencia cuando Luis, su ñaño, le siguió los pasos.

Era febrero de 2020. Su segundo hijo, el más ‘pilas’, el problemático, le telefoneó para decirle que lo habían detenido por robarse un celular. “La señora (víctima) dijo que mi hijo la había golpeado”. El juez lo sentenció a 38 meses de cárcel.

Pese a todo, María no quiere ver jamás a sus hijos en las imágenes que suelen circular luego de anunciada una masacre. “No sé en qué momento se perdieron si no les faltaba nunca nada”, lamenta.

Lo único que puede hacer es rezar. En su cuarto, sobre una cómoda, tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, a la que dedica sus oraciones. Arrodillada. Penitente.

Procesos lentos

Regina, otra madre presa de la angustia, también “pone la rodilla en tierra” para pedir a Dios por su hijo Pedro. Lo hace cada mañana, en su casa del sur quiteño, antes de trabajar.

Le ha dedicado lágrimas al Todopoderoso para que a su ser querido lo proteja en la celda del CDP de El Inca, donde está recluido. “No se puede ni comer en paz porque una no sabe lo que pueda pasar con tanto crimen”.

Ella lamenta no contar con los recursos para que al menos un psicólogo le ayude a sobrellevar lo que ha pasado desde el encierro de Pedro en este año. Esta es la segunda ocasión en la que él pisa un centro penitenciario.

Reniega que desde la primera masacre, en febrero de este año, no ha podido ver personalmente a Pedro, ingresado por tráfico de drogas. “Él lleva algunos meses sin que las autoridades le hagan una audiencia para determinar el tiempo que deberá estar preso”.

A Regina, quien se dedica al trabajo sexual, le angustia esa situación. “El CDP es un poco más tranquilo, pero eso no significa que los internos deben confiarse”.

Esa calma que le da a esta mujer aquel centro, se terminó cuando hubo una revuelta a mediados de septiembre. Los privados de su libertad (PPL) se enfrentaron por una pugna de bandas.

Regina intentó comunicarse con su hijo, quien no daba señales de vida. Llamó a los compañeros de celda que tenían celulares, pero la respuesta fue nula.

Luego de algunas horas, al fin le dijo que no estaba herido. “Me contó que los habían enviado a un calabozo, pero dando gracias a Dios nada se complicó”.

Nuevas amenazas

Un mes después, el mismo suplicio se repitió por la revuelta en la Penitenciaría del Litoral. La mujer estaba en la calle, trabajando, cuando vio en su celular lo que estaba ocurriendo.

“Es una vida sin vida porque la angustia crece más cuando pasan estas cosas”, admite, angustiada. Si bien ella o su hijo no han escuchado de intentos de motines en el CDP de El Inca, sí están preocupados por las amenazas a manos de Los Choneros.

Los trabajos de Inteligencia hechos por el Ejército, que entraron a la ‘Peni’ luego de los últimos asesinatos, revelaron que esta pandilla narcodelictiva sí ha planificado nuevos atentados.

Ante esto, tanto María como Regina coinciden en que sus hijos son más vulnerables desde que las matanzas salieron del mundo de las bandas criminales.

“Nadie sabe por lo que estamos atravesando. Solo quienes tenemos a parientes en las cárceles conocemos esa realidad”, afirman ambas madres, hermanadas por la desgracia carcelaria. 

Ruega que liberen a su hijo con discapacidad

A más de 400 kilómetros, otra mujer vive el mismo suplicio que las dos madres capitalinas. Ella es Rosa Reyes, quien no oculta sus lágrimas cuando habla de su hijo Orlando Morán.

Parada afuera de la 'Peni', el escenario de la última masacre, porta un cartel con la imagen de su ser querido. Él está recluido desde hace un año y 10 meses en el pabellón 10 por tenencia de estupefacientes.

“Desde que se iniciaron las masacres no como ni duermo, pues él no tiene completa su pierna izquierda. ¿Cómo va a correr si vuelven a matar?”, dice la mujer, de 75 años.

Aguantando un fuerte sol, ella sostiene que ha empeñado los papeles de su casa, ubicada en el suburbio, para pagarle al abogado, quien -asegura- le hizo la ‘sapada’ y se le llevó la plata.

Con sus lentes empañados de tanto llorar, Rosa cuenta que enviudó hace 11 años y desde entonces Orlando la mantenía. “Ahora yo, del bono (50 dólares), le doy algo, porque allá no les dan comida”.

El sufrimiento que vive a diario ha hecho que su gastritis se haya agravado, al igual que la hipertensión. “En la última matanza (12 de noviembre) me quería morir. Me daban agua con azúcar porque se me bajó la presión”.

Ahora, ella al igual que Regina y María, solo le pide a Dios que proteja a su muchacho y lo saque de ese lugar. “Jesús, Él es mi abogado. Él no va a pagarme como los otros”.

Pero esos ruegos los hace también a las autoridades. Pide que se cumpla lo que el presidente Guillermo Lasso ofreció: que se darían indultos a los más vulnerables para sacarlos.