En los primeros días de vigencia del Decreto Ejecutivo 265, para el indulto presidencial de las personas privadas de la libertad (PPL), con enfermedades catastróficas, la Defensoría Pública del Ecuador impulsó 21 casos, de los cuales 12 personas ya recibieron este beneficio y se encuentran libres.

"Este trabajo es el resultado de la disposición emitida a las 24 direcciones provinciales del país, de visitar los centros de privación de la libertad (CPL), para identificar y brindar información a los posibles beneficiarios de los decretos ejecutivos 264 y 265, del 22 de noviembre de 2021", expresó el defensor público general, Ángel Torres Machuca.

Agregó que a esta iniciativa se suma la mesa de trabajo liderada por esta entidad, en la que los representantes del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes en Conflicto con la Ley (SNAI), del Ministerio de Salud Pública, Secretaria de Derechos Humanos y otras instituciones, asumieron compromisos puntuales para viabilizar los indultos.

Todas estas acciones se dan luego de sangrientos amotinamientos en las cárceles del país, especialmente en la de Guayaquil, que hasta lo que va de este 2021 ha dejado la escalofriante cifra de 326 muertos.

Mucho antes de la emergencia penitenciaria, la Defensoría "ya tenía presencia en los CPL, con personal preparado para brindar asesoría y patrocinio, gratuitos, a los privados de la libertad y a sus familiares", enfatizó Torres Machuca.

Procedimiento para el perdón

Tras recordar que la institución que hoy dirige no administra justicia, el funcionario precisó que son los jueces quienes resuelven si se concede o no el indulto.

Para la aplicación del decreto ejecutivo 265, el Ministerio de Salud verifica la condición médica de las PPL y emite un certificado. El SNAI confirma la identidad y realiza la solicitud de indulto al juez; mientras que, la Defensoría Pública comprueba las condiciones jurídicas de tener sentencia condenatoria ejecutoriada y no poseer procesos penales pendientes, para que, finalmente, los jueces resuelvan.

El Decreto Ejecutivo 265 otorga el perdón total de la pena privativa de la libertad a los reclusos que padecen enfermedades catastróficas o terminales; y, excluye a quienes se encuentren sentenciados por delitos imprescriptibles, dispuestos en los artículos 80 y 233 de la Constitución; y, los tipificados en el Código Orgánico Integral Penal.