Todo era confusión. Ayer en la morgue de Santo Domingo de los Tsáchilas se especulaba con la cifra de los muertos en la masacre carcelaria ocurrida el pasado lunes, mientras los familiares de los internos aún esperaban noticias de ellos.

En medio de la incertidumbre hubo gritos desgarradores de los parientes de Dixon Arboleda, un reo que -informaron- había sido decapitado. “¡No puede ser! Le cortaron la cabeza. No son animales para que los traten así”, lamentaba la suegra.

La esposa de Arboleda, a pocos metros, se desvaneció al enterarse de que su pareja había muerto. Paramédicos que estaban en el lugar le dieron los primeros auxilios a la señora, quien además está embarazada.

“Mi yerno se fugó, lo recapturaron y lo metieron de nuevo a la matanza”, denunció la suegra. Él estaba en el pabellón de máxima seguridad y tenía comunicación constante con ella.

Los allegados responsabilizaron a los uniformados por llevarlo a los pabellones donde se registraron los asesinatos. “Deja dos niños en la orfandad y el que viene en camino”.

La indignación de los demás familiares creció ante la falta de información. Se hablaba de una lista de cadáveres reconocidos. Todos querían leerla, pero no aparecía.

Además, los datos entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el Ministerio del Interior tampoco concordaban. Afuera de la cárcel donde ocurrieron los hechos, Luis Girón, funcionario del SNAI, informó que habían identificado 13 cuerpos de los 44.

Pero en la cuenta de Twitter del ministerio se anunció que eran 20. “No es justo que nos tengan así. Necesitamos saber qué pasó con ellos (con los PPL, personas privadas de libertad)”, gritaba ansiosa una mujer en la puerta del anfiteatro.

Los rumores de que no serían 44 los asesinados crecían. “Nos están ocultando algo, hay más cuerpos de los que dicen”, reclamó la suegra de Arboleda.

Pidieron ayuda

Los parientes del interno Roberto Buenaño reclamaban que las autoridades no acudieron a tiempo al centro carcelario. Su padre contó que él llamó varias veces al ECU-911 para pedir que alguien parara la masacre. “Solo me decían que ya van y nada. Ellos estaban desesperados”, comentó.

Su hijo los llamó a la medianoche para contarles lo que estaba sucediendo. A las tres de la mañana ya no dio más señales.

La hermana de Buenaño reclamaba que los reos “llamaban a pedir ayuda y no fueron escuchados”. Algunos allegados incluso comentaron que se conocía del enfrentamiento desde la noche del domingo.

Antes de ello, Patricio Carrillo, ministro del Interior, reconoció que sí “comprendían” que el traslado de Freddy Anchundia, cabecilla de la banda R7 (una fracción de Los Lobos), desde la cárcel La Roca a la de Santo Domingo podía generar enfrentamientos. Y así fue. Anchundia sería el responsable de la ‘carnicería’, tras un ‘encontronazo’ entre R7 y Los Lobos.

El padre de Buenaño no sabe en qué estado está el cuerpo de su hijo, pero espera lo peor, pues se conoce que algunas víctimas fueron mutiladas. “El sábado hablé con él por última vez, siempre hacía lo posible por llamarme”, lamentó. Fue una conversación normal, para saludarlo y preguntar por su salud. Ahora solo quieren enterrarlo.

Incertidumbre

La desesperación no solo se concentró en la morgue. Afuera del centro de rehabilitación hubo personas que hasta durmieron allí esperando noticias de sus allegados. Sonia estaba sentada en una vereda con la mirada perdida. Ponía su cabeza en el hombro de su hermana como para descansar. “No sabemos nada de mi hermano. Queremos información de si está vivo, al menos”, recalcó.

Les dijeron que luego de la matanza les fueron requisados los celulares, por lo que los sobrevivientes no tendrían manera de comunicarse con sus seres queridos.

Narcisa García tampoco se había movido de la cárcel. Con la boleta de libertad en mano intentaba preguntar por su hijo, Luis Álvarez. “Él tenía que salir libre el 7 de mayo”, relató la mujer.

Ella ha estado ‘peregrinando’ entre la morgue y la cárcel en busca de noticias de su hijo. No ha podido “estar en paz”. “Él no era peligroso, cayó aquí por ser consumidor. Le dieron un año, que ya cumplió”, reiteró la angustiada progenitora.

En los exteriores de la prisión había presencia policial y militar. Los funcionarios del SNAI hicieron que los familiares entregaran sus datos para llamarlos si es que sus parientes constaban en la lista de los asesinados.

Esto causó reclamos. “No nos van a llamar, den los nombres aquí”, exigía una mujer. Sin embargo, desde el SNAI insistieron en que se trataba de un asunto de salud mental, pues querían evitar escenas dramáticas de las familias allí afuera.

Hasta el cierre de esta edición, habían sido entregados ocho cadáveres, que fueron llevados en ataúdes blancos a distintos puntos del país. La mayoría a la provincia de Manabí.

Recapturados y traslados

De los 220 privados de libertad que se escaparon la madrugada del lunes, fueron recapturados 150, según el último informe del SNAI (15:00 de ayer). Todavía no se conoce el paradero de los otros 70.

Además, el Ministerio del Interior informó que trasladaron a seis reos, cabecillas de bandas criminales. A cinco de ellos hacia La Roca (Freddy Anchundia volvió a La Roca) y uno a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

También, la Secretaría de Derechos Humanos informó que un equipo técnico se encuentra en el Centro Forense. Cuenta con psicólogos que acompañan a los familiares de los PPL en este proceso. Hasta el momento se han realizado 82 levantamientos de información y 57 contenciones emocionales.

"Por poco y nos sacan el útero"

Los familiares de los reos mostraron su indignación, pues conocieron que en la cárcel se hallaron armas de largo alcance.

“No entendemos cómo entran tantas, si cuando nosotros los visitamos por poco y nos sacan el útero”, dijo la pariente de un PPL.

Esto, refiriéndose a los intensos controles que se realizan en el centro penitenciario a los visitantes.

El padre de Buenaño denunció que los guías penitenciarios estarían inmersos en una red de corrupción, que permitiría el paso del armamento.

“A nosotros nos cobran 20 dólares por pasar un plato de comida a nuestros parientes, si pasa el alimento también entran otras cosas”, reclamó.

Todos exigieron mayores controles en el sistema penitenciario, ya que los episodios violentos ya no son hechos aislados. “Esto se está volviendo una costumbre. Los presos se están rehabilitando y tienen derechos”, comentaron.

También reclamaron que los cuerpos habían sido llevados a la morgue en una volqueta. “Todos estaban apilados, como animales”, agregó un pariente.