Un violento crimen se suscitó en la capital ecuatoriana la noche del domingo 2 de febrero de 2025. Un joven de 24 años fue abandonado, al parecer ya sin vida, en los exteriores de una unidad de emergencia en el sur de Quito. Tras una rápida investigación, las autoridades detuvieron a un individuo, quien fue señalado como el presunto responsable del homicidio.

El hallazgo del cuerpo y la investigación policial

De acuerdo con el parte policial, agentes de la Policía Nacional fueron alertados por el ECU-911 sobre la presencia de un cadáver en el Hospital Enrique Garcés. El levantamiento del cuerpo se realizó cerca de las 23:00 y, tras un análisis inicial, se detectaron heridas cortopunzantes en la víctima.

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Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores a revisar las cámaras de seguridad del sector y a entrevistar a testigos, quienes identificaron a un individuo como una de las últimas personas que estuvo con la víctima momentos antes del crimen. Tras obtener estas pruebas, las fuerzas del orden ejecutaron un operativo y tras un amplio despliegue lograron su captura.

Prisión preventiva para el sospechoso

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la jueza a cargo del caso calificó la aprehensión como legal y consideró que existían suficientes elementos para vincular al aprehendido con el delito de homicidio, tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Como resultado, se dictó prisión preventiva para el sospechoso y se inició una instrucción fiscal de 30 días para continuar con las investigaciones.

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La Fiscalía sustentó su pedido de prisión preventiva argumentando que existían indicios claros y precisos de la presunta participación del detenido en el crimen. Además, se tomó en cuenta la gravedad del delito y el riesgo de fuga del procesado.

Evidencias y procedimiento judicial

Entre los elementos recopilados por la Policía están grabaciones de seguridad, testimonios de testigos y rastros biológicos encontrados en el vehículo del sospechoso, un Kia Rio negro. Este automotor, junto con otras evidencias, fue ingresado en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial. Con la instrucción fiscal en curso, se espera que en los próximos días se realicen más peritajes y diligencias investigativas que ayuden a esclarecer los hechos, que podrían derivar en una condena de hasta 13 años de prisión en caso de comprobarse la culpabilidad del procesado.

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