El Ministerio de Salud asegura que no hará pública la lista de las personas vacunadas en la fase cero, pese a que existe una sentencia favorable sobre una acción constitucional de acceso a la información pública sobre el proceso de vacunación presentada semanas atrás por la organización Acción Jurídica Popular.

¿La razón? Que los datos son confidenciales, reiteró este 9 de marzo su titular, Rodolfo Farfán, en una entrevista televisiva, tal como ya lo había dicho su antecesor Juan Carlos Zevallos, por lo que, pese a haber entregado esa información a las autoridades de control tras la sentencia constitucional, eso no significa de “ningún modo” que los nombres se revelarán a todos los ecuatorianos.

“Cuando una persona se vacuna se genera una historia clínica. Eso tiene confidencialidad. Hay datos públicos que están dentro del PRAS, que es el sistema informático del Ministerio de Salud, que han sido entregados a las autoridades de control ya en este momento, una vez que los solicitó la Fiscalía”, dijo el ministro Farfán.

“Evidentemente el pedido de la Fiscalía fue que entreguemos a ellos la lista, lo cual ya fue hecho”, continuó y agregó que “en ningún modo” eso significa que la lista se va a ser pública tras el pedido de precisión del periodista.

Sin embargo, inmediatamente después de negarse a trasparentar esos nombres dijo que “en el momento en el que la plataforma tecnológica empiece a funcionar ahí estarán todos los que en la fase dos, en la fase masiva, se tengan que vacunar o se quieran vacunar, el público podrá saberlo en cualquier momento”.

La epidemióloga Andrea Gómez asegura que el ministro está confundiendo las cosas. “La confidencialidad del paciente solo es en relación a una enfermedad. La historia clínica sí tiene información que no se puede revelar. Sin embargo, la vacunación no ingresa dentro de estos puntos porque no es una enfermedad, por lo que no es necesario que los pacientes firmen un consentimiento informado para revelar quiénes están vacunados y quiénes no y por eso también existen los carnés de vacunación”, señala.

Y le sorprende, además, que el ministro Farfán diga que se harán públicos los nombres solo de la fase masiva, y no de las anteriores en las que la distribución ha sido cuestionada por incluir a personas que no debían vacunarse según el protocolo de priorización. 

Dentro del plan de vacunación que Salud ha subido a la página web se señala que “el proceso de gestión para la entrega de información de las personas candidatas a ser vacunadas deberá estar caracterizado por los principios de seguridad y confidencialidad, conforme a lo establecido por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. “La información servirá únicamente para la generación de bases de datos, por lo tanto no se publicará en ningún medio en virtud de su confidencialidad”, reza el documento.

Mauricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, afirma que el Gobierno “se está escudando” en la protección de datos de carácter personal, la Ley Orgánica de Salud y en la Ley de Derecho y Amparo al Paciente para hablar de datos privados. Asegura que la norma principal que es aplicable es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Esta ley cubre toda acción de toda entidad que conforma el sector público en el cual está comprometido el dinero que le pertenece a la gente. Acá no se está pidiendo que se nos diga si las personas tuvieron o no COVID, o que se nos digan si han tenido secuelas. Lo que se está pidiendo es datos relacionados a las vacunas. Eso que ha dicho el ministro simplemente es una salida política para algo que ya está incluso aceptado por vía judicial”, señala.