El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está siendo investigado por su posible implicación en la comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas. La solicitud realizada por el fiscal del caso, Carlos Alarcón, el 11 de febrero, para obtener la nómina de los funcionarios del municipio de Guayaquil entre mayo y diciembre de 2024, no es casualidad ni una mera coincidencia.

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¿La razón detrás de esta solicitud? Verificar ante el juez que una de las personas investigadas, en este caso Álvarez, ocupa su puesto como alcalde de la ciudad. En un proceso penal no es suficiente con declarar que alguien desempeña una función, como en el caso de afirmar que Daniel Noboa es el presidente constitucional del Ecuador o que Cynthia Gellibert fue vicepresidenta y presidenta sin haber ganado elecciones. Ante el juez, se deben presentar pruebas documentales que respalden esas afirmaciones, tal como lo estipula el artículo 595 del Código Integral Penal.

Este artículo establece tres requisitos esenciales para el procesamiento de una persona:

1. La individualización de la persona procesada, con nombres, apellidos y domicilio, si se conoce.
2. La relación detallada de los hechos relevantes y las infracciones penales que se le imputan.
3. Los elementos y resultados de la investigación que fundamentan jurídicamente la formulación de cargos.

El 16 de diciembre de 2024, la Fiscalía presentó cargos contra cinco personas: Fernando Viteri Henríquez, José Cevallos Avelán, Lady Cedeño Toala, Jessenia Velez Orellana y Carolina Troya Cubiña.

Hasta el lunes 17 de febrero, el proceso se encontraba en el día 63 de instrucción fiscal. El fiscal tiene hasta el día 90 para solicitar la vinculación de Álvarez o de cualquier otra persona con elementos suficientes que apunten a su posible participación en el delito. Esta solicitud podría realizarse hasta la segunda semana de marzo.

Si se llega a un procesamiento, una de las consecuencias legales más inmediatas podría ser la imposición de medidas cautelares, como la prohibición de salida del país. En el peor de los casos, podría ordenarse la prisión preventiva del alcalde.

Álvarez ha defendido su posición afirmando que el caso es una persecución orquestada por Daniel Noboa. En sus redes sociales, ha atacado al gobierno y hablado de un presunto “caso PetroNoboa”. En uno de sus mensajes, se refirió irónicamente a la solicitud de la nómina, afirmando: "¿En serio piden la nómina que la tienen ustedes en el Ministerio de Trabajo y también es pública? Son bien chistosos, y es la mejor muestra de desesperación."

La investigación de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alerta sobre irregularidades en estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y mineras. La institución presume que el diésel subsidiado fue desviado a otros sectores no beneficiados por ese subsidio. En uno de los casos señalados, una estación de servicio compró más de 7 millones de galones de combustible, a pesar de contar con una capacidad de almacenamiento de apenas 10.000 galones.

En cuanto a la posibilidad de que algunos investigados queden fuera del caso, se menciona a Juan Daniel González Jurado, José Ignacio Franco Magallanes, César Emiliano Bravo Ibáñez, Fernando Patricio Peñaherrera Benegas y Angélica Vanessa Freire, quienes, al postularse como candidatos por los partidos RETO y Centro Democrático (de Jimmy Jairala), se habrían acogido a la inmunidad electoral, evadiendo así la justicia.

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