La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo continúa, ahora centrada en un pedido de cambio del orden del día. El Gobierno busca incluir el debate sobre la solicitud de asistencia militar extranjera para combatir el crimen organizado. Este tema fue incorporado en la agenda de la sesión plenaria del 20 de febrero de 2025, pero no se discutió debido a la falta de quórum en la Asamblea.

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La bancada oficialista acusó al bloque correísta de retirarse del pleno para evitar el debate. Sin embargo, EXTRA conoció que también hubo ausencias entre los legisladores del oficialismo, lo que impidió alcanzar el número necesario de asambleístas y llevó a la suspensión de la sesión.

Ante la postura del Gobierno, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, aclaró que el Ejecutivo no necesita autorización del Legislativo para suscribir acuerdos de cooperación militar. Citó el fallo 9-23-TI/24 de la Corte Constitucional sobre el convenio entre Ecuador y EE.UU. para combatir actividades ilícitas en el mar, resaltando que su ratificación no requiere aprobación legislativa. "El Gobierno debe actuar con seriedad, que sus abogados hagan bien su trabajo o los cambie, pero que no desinforme a la ciudadanía", afirmó Muñoz.

La posición de la canciller Gabriela Sommerfeld sobre la ayuda militar extranjera

El funcionario subrayó que la cooperación internacional en seguridad es responsabilidad del Ejecutivo y que la Asamblea no puede negociar estos acuerdos, ya que su ejecución depende del Gobierno.

Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld anunció que antes de ofrecer más detalles sobre el tema, se reunirá con instituciones de seguridad para definir qué tipo de apoyo requiere Ecuador de otros países. Explicó que los acuerdos pueden abarcar vigilancia, inteligencia y otras áreas, e instó a la Asamblea a respaldar las iniciativas del Ejecutivo.

Mientras tanto, la bancada oficialista emitió un comunicado en el que acusa al correísmo de oponerse a reforzar la lucha contra el narcoterrorismo. En su cuenta oficial de X, el bloque gubernamental responsabilizó a la Revolución Ciudadana de haber legalizado pandillas como los Latin Kings, debilitado las instituciones de seguridad y, ahora, de "bloquear la cooperación internacional".

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