Entre llantos, de rodillas y con el rostro en el piso, un grupo de mujeres clamaba a Dios por la vida de los reos de la antigua Penitenciaría del Litoral. “¡Protégelos!”, era el pedido de las féminas, que con Biblia en mano, un parlante y un micrófono, conmovían a quienes estaban a su alrededor.

Sus lágrimas desahogaban el dolor por la muerte de los 61 presos que, entre la noche del viernes 12 de noviembre y la mañana del sábado, fueron acorralados en el pabellón 2 de la ‘Peni’, como es popularmente conocido el centro carcelario, ubicado en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, en Guayaquil.

El ataque fue cometido por internos de las áreas 5 y 6 del recinto penitenciario, sitios que están bajo el mando de células que pertenecen a Los Choneros, cuyos líderes cumplen condenas en la denominada cárcel Regional, a medio kilómetro de este lugar.

Las víctimas, esta vez, fueron los Chone Killers, grupo que hasta hace menos de un año también era facción de Los Choneros, pero su jefe decidió separarse para buscar el poder por su cuenta.

El individuo, identificado como Antonio Camacho, alias Ben 10, estuvo preso en la ‘Peni’ durante cinco meses, pero recuperó su libertad en mayo, luego de que el fiscal que lo investigaba, Luis Machado, decidiera no acusarlo y solicitara su puesta en libertad.

Según fuentes policiales, el individuo sigue manteniendo el control de su banda desde el exterior, específicamente desde el cantón Durán, en Guayas. Además, señalaron que él no habría delegado el poder a Álex Félix Salazar Villamar, el interno que el pasado 9 de noviembre recuperó su libertad, como mencionó en rueda de prensa el gobernador de la provincia, Pablo Arosemena.

El funcionario lo dijo para explicar el motivo de la última masacre: “el contexto de esta situación fue que no había cabecilla de la banda que tiene presencia en ese pabellón, porque días atrás había sido puesto en libertad porque de acuerdo a una Corte de Justicia, un juez, le habían dado la libertad por cumplir con el 60 % de su condena”.

Sin embargo, Salazar no habría pertenecido al pabellón 2, sino al 8, pues es de conocimiento público que era uno de los líderes dentro del área que domina el grupo criminal Los Tiguerones. Incluso, no hay cercanía entre esos sitios, pues están en diferentes bloques. Los Tiguerones también son enemigos de Los Choneros.

La recuperación de libertad de Salazar se dio por una solicitud de cumplimiento de pena en régimen semiabierto, según consta en la documentación del procedimiento, a la que Diario EXTRA tuvo acceso.

En el escrito se precisa que para mantener la medida, el individuo no podrá salir del país y deberá presentarse los días 18 de cada mes a la casa de confianza de la ‘Peni’, para hacer su comparecencia, entre otras disposiciones emitidas por el juez Oswaldo Dávila.

Kleber Riofrio, abogado experto en derecho constitucional, explicó que para acceder a un régimen semiabierto es necesario cumplir con algunos requisitos: “debe recopilar una carpeta institucional dentro del centro de privación de libertad, que contenga una certificación de que él ha cumplido el 60 % de la pena, que ha tenido una buena conducta, que no ha tenido sanciones y que su permanencia ha sido en un área de mínima seguridad”.

También precisó que, además, debe tener informes psicológicos que permitan concluir que no sería capaz de generar situaciones de peligro y que no existe ningún impedimento para su reinserción en la sociedad.

El jurista también hizo una precisión: no se trata de una prelibertad. Reiteró que “es un régimen semiabierto”, uno de los tres contemplados por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que el incumplimiento de las medidas que se le han dictado tiene consecuencias.

“El efecto más obvio sería que se le revoque (el régimen) y le toque cumplir su pena, o el resto de la pena, dentro del centro de rehabilitación social”, precisó Riofrio. (SCM)