En una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, realizada en la madrugada del este viernes 7 de febrero de 2025, una jueza tomó una drástica decisión contra trece personas detenidas en un operativo policial ejecutado en un reconocido hotel del centro del cantón Milagro, en la provincia del Guayas. 

Entre los procesados se encuentra Alan Gustavo Arellano Garrido, alias Alan o Doble A (AA), presunto líder del grupo delictivo Los Águilas, brazo armado de Los Choneros, quien recientemente había sido arrestado en una narcofiesta, pero quedó en libertad sin cargos.

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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra los detenidos por el delito de tenencia y almacenamiento ilegal de armas de fuego, tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que conlleva una pena privativa de libertad de hasta diez años. La jueza argumentó que la gravedad del delito y la existencia de suficientes elementos de convicción justificaban la medida que tomó, además del posible riesgo de fuga.

El proceso judicial y los argumentos en audiencia

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como pruebas informes de inteligencia, el parte policial y la evidencia incautada en el lugar, que incluía armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

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Por su parte, las defensas alegaron que la detención del grupo fue ilegal y que no se cumplían los requisitos de flagrancia. También sostuvieron que algunas de las armas encontradas tenían permisos de tenencia y que la Fiscalía no había realizado las pericias necesarias para determinar si eran letales. 

Además, enfatizó que entre los detenidos había dos agentes penitenciarios y un policía en servicio activo, quienes, según la defensa, no deberían ser vinculados sin pruebas contundentes. (Haga click aquí para ver la lista de todos los detenidos)

Resolución de la jueza

Luego de escuchar los alegatos de ambas partes, la jueza resolvió acoger la solicitud de la fiscalía y dictar prisión preventiva para los trece procesados. Argumentó que, al parecer, existían suficientes elementos de convicción sobre la comisión del delito y que la gravedad de la pena generaba un riesgo de fuga. Los procesados fueron trasladados a un centro de privación de libertad en Guayaquil, mientras continúa la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 30 días.

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