En Ecuador, los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas han generado preocupación, particularmente ante denuncias por desaparición forzada, homicidios y delitos relacionados con sustancias estupefacientes.

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En un documento al que EXTRA tuvo acceso, se detalla que entre 2017 y 2024 se han registrado más de 700 denuncias contra militares por diversos delitos y contravenciones (ver infografía), entre estos 11 por extralimitación en la ejecución de actos de servicio, 18 por homicidio, 6 por tráfico de drogas y uno por tentativa de homicidio, que terminó en sobreseimiento.

En el caso de homicidios, los datos indican que solo uno de los acusados permanece en prisión preventiva, aunque esto no se refleja en los archivos virtuales de la Función Judicial; mientras que los demás están libres por no contar con suficientes elementos concluyentes en las indagaciones.

En cuanto al tráfico de drogas, cinco de los seis militares investigados fueron liberados tras no encontrarse pruebas convincentes en su contra. En las diligencias, tres de ellos admitieron ser consumidores de sustancias ilícitas. Solo un caso permanece sin suficiente información en el sistema judicial, por lo que no se ha podido corroborar el desenlace.

Los casos de extralimitación en la ejecución de actos de servicio, en cambio, se han suscitado desde 2020. Sobre estos, tampoco se informa en el documento oficial si siguen en desarrollo. En los registros judiciales se pudo verificar que estos terminaron en sobreseimiento o con la causa en investigación previa.

Los 4 de Guayaquil

Dieciséis militares investigados por la desaparición de Josué, Ismael, Steven y Saúl, menores de entre 11 y 15 años vistos por última vez tras ser aprehendidos en un operativo de las FF. AA. en el sector Las Malvinas, del sur de Guayaquil, fueron trasladados la madrugada del 2 de enero a la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi.

Este caso, conocido como Los 4 de Guayaquil, ha sido descrito por los familiares de los desaparecidos como un calvario. Los parientes han denunciado además posibles irregularidades en el procedimiento de los uniformados de la Fuerza Aérea, que resultó en la aprehensión y posterior desaparición de los menores.

“Las investigaciones están en curso (...) Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad”, declaró el ministro de Gobierno, José De La Gasca, acerca de este caso que ‘mancha’ el uniforme militar.

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