Ni el desfile de gerentes generales (siete desde 2023), ni la presencia de policías y militares recorriendo sus instalaciones, ni siquiera las intervenciones de entes de control como la Contraloría General del Estado, han logrado ‘curar’ al Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) de Guayaquil del ‘cáncer’ de las mafias criminales.

Un exfuncionario de esta casa de salud reveló a EXTRA una de las tantas formas en las que los delincuentes presionan al personal administrativo. Un día, al terminar su jornada laboral, encontró un papel en su vehículo: “Decía que un proceso de contratación debía pasar todos los filtros, si no afuera nadie me podía proteger”, relató.

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Para este año, este hospital, uno de los más grandes del país, tiene una asignación de 140 millones de dólares, una ‘teta’ que los criminales infiltrados en la institución no están dispuestos a soltar.

Esa voracidad quedó en evidencia (una vez más) con el secuestro de Ronny Camba, director administrativo del HTMC, desaparecido desde el 31 de enero. Sus captores llamaron a su familia un día después para exigir 100.000 dólares por su liberación. Desde entonces, no ha habido más comunicación.

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Bajo estricta reserva de identidad, algunos empleados del hospital señalaron a la banda criminal Los Tiguerones como la que se ha apoderado de la institución y mantiene bajo acoso a su personal.

“Están metidos en todo: contratos de limpieza, mantenimiento, seguridad y comida. Y como de entrada, jefe que entra, jefe al que amenazan, hacen sus contratos ‘alegres’ sin que nadie se atreva a denunciarlos”, contó una trabajadora del área administrativa.

Otra funcionaria agregó: “No me confundan con clasista, pero usted ve, por ejemplo, al personal de limpieza de algunas áreas y se da cuenta de que algo raro hay. No es solo su aspecto, también su actitud”.

Este Diario pudo corroborar que una de las primeras advertencias que reciben los familiares de los pacientes internados es: “No les despeguen el ojo a sus pertenencias porque el personal externo no es de fiar”.

Además, durante sus rondas de limpieza, algunos empleados piden ‘colaboraciones’ a los pacientes y sus familiares. “Les di (dinero) porque uno no sabe qué pueden hacerte. Me pareció indebida la forma en la que te abordan y el lenguaje que usan”, denunció la parienta de una interna.

Impunidad

El 28 de marzo de 2023, Nathaly López Borja, de 35 años y quien llevaba apenas ocho meses como directora administrativa del HTMC, fue acribillada en la ciudadela La Pradera, en el sur de Guayaquil, luego de salir de la casa de salud.

Personal del hospital Teodoro Maldonado estaría bajo el asedio criminal

López había empezado a transparentar los procesos de contratación de servicios y compras de insumos hospitalarios y medicinas, amenazando con dejar a las mafias ‘sin pan ni pedazo’ en el reparto del presupuesto. Fue amenazada y luego asesinada.

A su llegada, se encontró con que las bodegas solo tenían un 40 % de abastecimiento de medicinas y trabajaba para elevarlo al 85 %, en beneficio de los afiliados.

Su asesinato causó indignación y miedo. Al menos 16 personas con cargos directivos renunciaron pocas horas después del crimen, temiendo correr la misma suerte.

Casi dos años después, el caso sigue impune: no hay detenidos ni sospechosos. Como homenaje, el IESS, administrador del hospital, rebautizó el edificio de consulta externa con su nombre.

EXTRA solicitó una entrevista con el fiscal a cargo de la investigación, pero desde la Fiscalía informaron que hasta el 14 de febrero de 2025 (689 días después del crimen), el caso seguía en indagación previa y que, por lo tanto, no podían pronunciarse al respecto, según lo estipulado en la Constitución y el COIP.

Al menos seis profesionales del hospital Teodoro Maldonado renunciaron por temor

Y la lista de víctimas continúa. El 17 de enero de 2024, el fiscal César Suárez, quien había procesado a sospechosos vinculados a la red de corrupción del HTMC, fue acribillado dentro de su vehículo mientras se dirigía a una audiencia. Pese a las amenazas en su contra, no contaba con custodia policial.

Sin transparencia

Pese a que la información sobre compras, contrataciones y ejecución presupuestaria del hospital debería estar publicada en el sitio web de la institución, como lo exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en el portal del HTMC no existe un repositorio donde pueda ser consultada.

Desde 2023 el HTMC ha tenido siete gerentes generales, ninguno de los cuales ha durado más de nueve meses en el cargo. El último funcionario en ocupar el puesto, el médico Nelson Estrella, renunció apenas cinco días después de aceptarlo.

Militares custodian el hospital, pero... ¿y afuera?

Desde el pasado 6 de febrero, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo mantiene custodia policial y militar permanente. Un día antes, el presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña, anunció la intervención para prevenir que las bandas criminales sigan amenazando a los funcionarios.

“Nosotros no transamos con las mafias ni cederemos a presiones”, expresó ese día Peña. Sin embargo, para los empleados, de poco o nada sirve la presencia de uniformados.

“¿Acaso ellos (los criminales) entran a tu oficina para extorsionarte o amenazarte? No. Consiguen tu número, tu dirección, te abordan afuera, en la calle, y ahí no hay policía o militar que te defienda”, se quejó una trabajadora.

“Es el dueño de cuatro empresas compitiendo consigo mismo”

En 2022, la Dirección Médica del HTMC aprobó un plan estratégico para los siguientes cinco años, cuyo cumplimiento y seguimiento eran obligatorios. En este documento ya se identificaban como amenazas para la gestión y la seguridad de pacientes, familiares y empleados la “inseguridad en el perímetro hospitalario” y la “carencia de espacio para estacionamiento vehicular” en el interior del hospital.

El plan también señalaba problemas urgentes a solucionar, como la obsolescencia de la infraestructura física, especialmente en los sistemas hidrosanitario, eléctrico y de telecomunicaciones; la alta rotación en la alta gerencia; la falta de sentido de pertenencia institucional del personal asistencial y administrativo; y la necesidad de simplificar los procedimientos de compra pública, que “dilatan la gestión de adquisición de bienes y servicios hospitalarios”.

“La Ley de Contratación Pública es un dogal (soga para ahorcar) en la administración de cualquier unidad hospitalaria, junto con su ente regulador, Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública), donde hay cientos o ya miles de empresas de ‘garaje’”, señala Francisco Andino, exministro de Salud y exgerente del Teodoro Maldonado.

Andino denuncia que este sistema de compras públicas permite que un mismo dueño esté vinculado a cuatro o más empresas y termine compitiendo consigo mismo en los procesos de subasta inversa. “La Superintendencia de Compañías y la de Control de Poder de Mercado, junto con la Contraloría General del Estado, deben intervenir para depurar este sistema”, considera.

El médico explica que se deben cumplir cuatro fases y 52 pasos administrativos para llevar a cabo cientos de procesos de contratación. Estos no se adjudican por calidad o complejidad, sino por costos, lo que afecta servicios esenciales como la limpieza, provisión de oxígeno, la seguridad y el manejo de desechos, que deberían definirse con otros mecanismos y criterios.

Para Andino, los hospitales del sector público no funcionan debido a problemas estructurales, a una excesiva centralización y a la burocracia, factores que impiden la toma de decisiones gerenciales en el lugar donde realmente se necesitan.