El Oro sufre una oleada criminal histórica, situación que se espera combatirse este 2025. Hasta el 28 de diciembre de 2024 se registraron 613 homicidios intencionales, lo que supera a los 555 asesinatos del 2023 durante el mismo período anterior. Estas cifras posicionan a la provincia como una de las más violentas del país.

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El coronel Hugo Silva, jefe de la Zona 7 de la Policía Nacional, que abarca El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, atribuyó este incremento a las disputas internas entre bandas criminales organizadas. “Gran parte de este fenómeno se debe a la fracturación interna de Los Lobos, una de las principales organizaciones delictivas en la provincia, lo que ha generado dos facciones enfrentadas: Los Lobos Box y Los Lobos Espejo”, explicó Silva.

El incremento de la violencia tuvo dos momentos clave. El primero ocurrió el 7 de mayo, con el asesinato de Luis Alberto Vinces Mancero, alias Cachorro, líder de Los Lobos. Este hecho, ocurrido frente al ECU-911 de Machala, desató una guerra interna por el control de la organización. El segundo momento, el 19 de junio, fue el asesinato de dos hombres con armas de alto calibre en Pasaje. La brutalidad de estos ataques, que incluyen ejecuciones y desmembramientos, refleja el nivel extremo de violencia que azota a la provincia.

A esto se suma la presencia de otros grupos como Los Choneros, quienes, aunque debilitados, siguen siendo responsables de una parte significativa de los actos violentos. “Las luchas territoriales entre estos grupos han desatado una ola de asesinatos en cantones clave como Machala, Pasaje y El Guabo”, agregó el oficial.

Desplazamientos internos

Uno de los puntos más afectados por la crisis es Puerto Bolívar, perteneciente al cantón Machala, un distrito que en años anteriores era reconocido como un centro gastronómico y turístico. En 2024, las balaceras y las extorsiones llevaron al cierre del 90% de negocios que dependían del turismo y al desplazamiento de familias enteras.

Un comerciante del Malecón, que prefirió no revelar su identidad, describió el impacto de la violencia: “Más de 100 familias han abandonado la zona por miedo. Los turistas ya no vienen, y los locales que antes estaban llenos ahora permanecen cerrados. Es como si la vida se hubiera detenido. Otro punto por el cual no vienen es porque la obra del malecón avanza lentamente”, dijo.

La crisis también afectó el comercio marítimo. Puerto Bolívar, que conecta con destinos turísticos como Jambelí, sufrió una drástica caída en el flujo de visitantes. “El turismo era nuestra principal fuente de ingresos, pero ahora estamos sobreviviendo con los poquitos turistas que llegan”, agregó Cecilia del la Cruz, operadora turística.

Penetración internacional

Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, alertó en su momento sobre la creciente infiltración del crimen organizado internacional en El Oro. Todo ello lo han causado los cárteles de México que ya están operando en el país desde hace algún tiempo.

La situación, descrita por Pazmiño como una fase avanzada de penetración del crimen organizado, ha convertido a ciudades como Machala en un escenario de disputas por el control de rutas estratégicas y santuarios delictivos para el narcotráfico.

El especialista, quien también es consultor internacional en temas de seguridad para América Latina, detalló los factores que han contribuido al agravamiento de la violencia en El Oro. Entre los principales se encuentra la posición geográfica de la provincia, que comparte frontera con Perú, facilitando el tráfico de drogas, armas y precursores químicos. Según él, este acceso ha propiciado la presencia de organizaciones criminales peruanas como el Clan del Norte, Los Injertos del Brahim y Los Pulpos, que operan en coordinación con sus homólogas ecuatorianas, como Los Lobos y Los Choneros.

Refuerzo insuficiente

Ante este panorama, la Policía Nacional reforzó su presencia en la provincia con 150 nuevos uniformados y lanzó operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Estos incluyen controles en ejes viales, allanamientos y patrullajes en zonas críticas. “Hemos intensificado las labores investigativas y de prevención, pero el desafío es enorme. Estamos enfrentando a organizaciones bien estructuradas que operan con altos niveles de violencia”, aseguró el coronel Silva.

Sin embargo, los resultados han sido limitados. Según datos oficiales, desde la llegada de los refuerzos el 2 de diciembre, se registraron 62 muertes violentas adicionales. Esto refleja la complejidad del problema, que va más allá de las medidas policiales tradicionales. “Los análisis realizados por nuestras unidades investigativas confirman que la mayoría de las muertes violentas recientes están relacionadas con estas disputas internas y enfrentamientos entre bandas rivales”, indicó.

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