La angustia y la indignación inundan a las familias de Nevil Mina Quiñónez, de 18 años, y Ariel Cheme Franco, de 19, quienes desaparecieron el 10 de julio de 2024 en el barrio San Pedro, tras un presunto operativo militar llevado a cabo cerca de una cancha de fútbol. Días después, sus cuerpos fueron encontrados incinerados en el cantón de Rioverde, a aproximadamente 40 kilómetros del lugar donde se reportó su detención.

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Los familiares de los jóvenes han denunciado que este caso guarda similitudes alarmantes con el de cuatro niños desaparecidos en Las Malvinas, Guayaquil, donde también se ha implicado a miembros de las Fuerzas Armadas en posibles desapariciones forzadas. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha incluido este caso en su investigación sobre seis desapariciones forzadas ocurridas en Esmeraldas desde que se declaró un conflicto armado interno en enero de 2024.

Testimonios reveladores

Los testimonios de los familiares apuntan a la participación de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, quienes son acusados de torturar y asesinar a los jóvenes mientras estaban bajo custodia. “Exigimos justicia. Los responsables deben responder por lo que le hicieron a mi hijo y a mi sobrino”, expresó un familiar durante una vigilia en memoria de las víctimas.

Nevil Mina, un joven con aspiraciones de continuar sus estudios y sin antecedentes penales, es señalado por su familia como víctima de un uso desmedido de la fuerza. Esta situación ha generado una ola de protesta y demanda de justicia en la comunidad, que se siente cada vez más vulnerable ante la actuación de las fuerzas del orden.

Silencio oficial y búsqueda de justicia

A pesar de las graves acusaciones, el Ministerio de Defensa y la Fuerza de Tarea Conjunta no han iniciado investigaciones internas ni procesos disciplinarios. Las familias, desesperadas por respuestas, han recurrido a la Fiscalía para demandar justicia. Sin embargo, seis meses después del hallazgo de los cuerpos, el caso sigue sin esclarecerse.

Organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador han denunciado que este tipo de crímenes violan derechos humanos fundamentales, exigiendo una respuesta contundente por parte del Estado.

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