No es posible que la seguridad en Ecuador sea un privilegio de pocos, reservado solo para los altos funcionarios del Estado, mientras el resto de los ecuatorianos vive con zozobra constante. El presidente de la República, los ministros de Estado y las autoridades locales andan más resguardados que un tesoro, pero la mayoría de la gente en las calles sigue expuesta a secuestros, extorsiones y asaltos.

Es aquí donde surge el problema, porque esa diferencia entre cómo cuidan a los de arriba y cómo desprotegen a los de abajo genera una gran desconfianza en el Gobierno y en otras instituciones del Estado. La seguridad no puede ser una cuestión de suerte ni de rango. La verdad es que todos, sin importar quiénes sean o cuánto posean, deberían sentirse seguros en su propio país.

El Gobierno tiene que tomar acción y ajustar sus políticas de seguridad, así como el nivel de protección que otorgan a las autoridades. No solo los altos mandos merecen tranquilidad; también los ciudadanos comunes necesitan esa misma protección.

Además, los cuerpos de seguridad del Estado deberían aprender a diferenciar entre urgencias, prioridades y las distracciones que generan los grupos criminales.