Existe un problema que, por los apagones, el pueblo no lo alcanza a apreciar, pero lo siente: las múltiples fallas en los servicios básicos. A pesar de la elevada carga fiscal que soportan empresas y hogares, los ciudadanos no reciben a cambio servicios eficientes que justifiquen el esfuerzo económico. Esta situación persiste porque, independientemente del gobierno en turno, no se ha tenido la voluntad política de corregir estas disparidades.

La realidad desafiante que afronta el país debe servir para reivindicar los objetivos del sistema de recaudación: hacer que cada centavo que paga el ciudadano sea retribuido con servicios que eleven su calidad de vida, hoy afectada por cortes de energía diarios, que incluso han comenzado a comprometer el abastecimiento de agua en varias ciudades.

La política impositiva debe reconstruirse, pero no creando nuevos impuestos sin justificativos reales, como aquel con el que se pretende gravar la venta de carros usados, bajo el argumento de contrarrestar el lavado de activos. Se requiere, además, que este tipo de decisiones estén ligadas a un mínimo de coherencia. Si por la crisis fiscal el Gobierno busca recursos, entonces que empiece casa adentro, haciendo más eficiente el gasto público y no recargando a la población con más tributos.